Diputados del FPV presentaron la denuncia por la ruta de la rodocrosita

En la presentación judicial, los legisladores dan cuenta detallada del proceso de reconstitución sobre Somica DEM, cuyo titular era Ernesto Raúl Doering durante la gestión del FCS. En este orden, el escrito elevado señala que “resulta al menos sugestivo y genera un estado probable de sospecha que el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral hubiera dispuesto la reactivación de Somica DEM cuando mediaba una sentencia definitiva que había declarado la nulidad insanable del decreto provincial que había dispuesto como aporte del 51 por ciento del capital integrado en especie por la provincia de Catamarca a Somica” en el área minera “Cerro Atajo”. En ésta, se ordenaba la restitución al patrimonio provincial.
Luego de hacerse pública la existencia de una empresa denominada “GBT 4-18C SA”, integrada por Raúl Doering, los diputados apuntaron que ésta “habría sido constituida o integrada por parte de las personas de mención cuando ostentaban las calidades de funcionarios públicos en ejercicio”. A partir de allí, relatan las circunstancias “que podrían ser demostrativas de la configuración de tráfico irregular de rodocrosita, en perjuicio de la empresa de economía mixta Somica DEM, lo cual genera un estado de sospecha acerca de la probable utilización de la empresa ‘offshore’, para la realización de maniobras de lavado de activos o probable elusión impositiva, que podrían haber utilizado la condición de funcionarios para la obtención de ganancias ilegítimas”.
Los legisladores dieron cuenta de que durante la gestión de Doering como presidente del directorio de Somica “hubiera acaecido una serie de irregularidades en el transporte” de la piedra semipreciosa, las que fueron detectadas por la autoridad. En este sentido, acompañaron las pruebas con documental de los expedientes administrativos.
Cuando se celebró el contrato con Minera Dolphin SA, Doering como representante de Somica “se arroga la atribución indebida de pactar la exención en el pago de Hojas de Ruta” a favor de la empresa, “careciendo de facultades legales”.
Además de la readecuación del contrato “surge a todas luces un claro perjuicio en contra de Catamarca y a favor de la minera, a partir de la pesificación del canon mensual pactado en origen en dólares estadounidenses y su disminución a $75.000”.
A ello agregaron la existencia de empresas “offshore” bajo el tipo de Sociedades Anónimas, “a las que se encontraría vinculado Doering”. Asimismo, señalan que “dos fueron constituidas en el año 2010, durante su desempeño como presidente” de la sociedad mixta; es decir, cumpliendo un rol de funcionario público en Catamarca.
Por todo ello, consideran que debe ser motivo de la investigación si se está ante la existencia de empresas offshore constituidas o integradas por un funcionario público durante el ejercicio de su cargo. Además, interrogan si los beneficios otorgados por Doering a favor de Minera Dolphin -en exceso de sus atribuciones- con relación a la promesa de exención del pago de Hojas de Ruta “habría formado parte de una maniobra ilícita orquestada deliberadamente para favorecer a una empresa privada”.

Situación

Doering alegó encontrarse radicado en la ciudad de Panamá desde 2012. En este marco, los diputados señalaron que no especifica “en qué trabaja, sus socios argentinos y particularmente catamarqueños y no identifica el supuesto banco otorgante del préstamo hipotecario del que aduce haber sido beneficiario para la compra de un departamento”. “Sin explicitar cuál es la razón por la cual figura como presidente, director y secretario de la compañía; omisiones que ameritan se inicie la investigación penal preparatoria”, continúa la presentación judicial.
En tanto, revelan que luego de una investigación surge de “manera patente que Doering se encontraría vinculado también a otras empresas offshore”. En este sentido, enumeran las firmas Geseol Holding SA (activa desde el 30/06/2010, de la que Doering sería el apoderado), Transporte Zarautz SA (activa, también como apoderado), Business Solutions Panamá Group SA (activa, figurando como presidente de la entidad) y Transporte Bazzi SA (activa, presuntamente apoderado).