En la jornada de ayer, luego de un largo e intenso debate durante la sesión de la Cámara de Diputados, la alianza opositora conformada por el barrionuevismo y el FCyS, logró aprobar con modificaciones el proyecto de Decreto para la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre del presente año.

Si bien todos los bloques concluyeron en apoyar la propuesta de extender la tarea legislativa por 30 días, desde el oficialismo cuestionaron el artículo segundo del decreto por la falta de especificidad en el tratamiento de los temas, ya que éste establece que van a poder tratarse durante la prórroga todos los asuntos ingresados hasta el 30 de noviembre, los proyectos girados desde la Cámara de Senadores para su revisión y los proyectos que pudiera enviar el Poder Ejecutivo.

En este sentido, los legisladores del Bloque del FPV-PJ acusaron a la oposición de pretender hacer  “demagogia para la tribuna” ya que, según argumentaron, no se especifica en el proyecto el objeto por el cual se requiere la prórroga de sesiones ordinarias como lo requiere el Artículo 92 de la Constitución Provincial.

Ante esto, desde el bloque del FCyS aseveraron que  no es necesario incluir temario, debido a que las cámaras conservan las mismas atribuciones que en las sesiones ordinarias y, aunque se incluyera uno  específico, de igual manera podrían tratar cualquier proyecto.

Luego de un largo debate, el FCyS, el barrionuevismo, acompañados por algunos legisladores meristas y por el bloque del Frente Renovador, aprobaron el decreto para la prorrogación de sesiones por 30 días y notificaron a la Cámara de Senadores para que imite la medida.

“La sociedad tiene el derecho de saber qué temas vamos a tratar”
El diputado del FPV-PJ, Roberto Perrota, aseguró que “no he escuchado argumentos que justifiquen la no inclusión de temas puntuales para su tratamiento,  compartimos en ampliar las sesiones, pero la sociedad tiene el derecho y nosotros la obligación de decirles qué temas vamos a tratar en el exiguo plazo de 30 días”.

“Coordinemos con el Senado para que sea una cuestión practicable y no una mera declamación demagógica para la tribuna”, concluyó Perrota.

“No es necesario incluir temario alguno en este decreto”
Por su parte, la diputada del FCyS, Verónica Calascibetta, aseveró que “la doctrina sostiene que en el decreto de prórroga no es necesario incluir temario alguno en virtud de la razón apuntada de que las cámaras conservan las mismas atribuciones que en las sesiones ordinarias y, aunque se incluyera un temario, igualmente las cámaras pueden tratar todos los asuntos, así me parece que está claro, que el objeto sí está determinado porque el objeto no es otro que proseguir con el tratamiento de los temas que ya están, no queremos excluir nada”.

“Demagogia es lo que se pretende instalar con este burdo proyecto”
En este sentido, el diputado oficialista Rolando Crook también arremetió en contra del decreto opositor.

“Demagogia es lo que se pretende instalar desde ese burdo proyecto, seriedad es lo que pretendemos decir nosotros cuando estamos planteando la necesidad de plantear con nombre y apellido, los temas que vamos a tratar, eso es seriedad. El proyecto tal cual está diseñado es vago, contiene tautología, por lo tanto es una falacia y se agrava, donde incorpora hecho incierto que puede suceder o no”, finalizó.

Media sanción a la publicidad de los actos de poderes del Estado
En la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, el cuerpo le dio media sanción  a un proyecto de ley que establece la publicidad de los actos de Gobierno y la reglamentación del artículo 42º de la Constitución Provincial de autoría de la diputada del FPV-PJ Cececilia Guerrero.

Según argumentó la legisladora, “todos los actos públicos del Gobierno y de la administración provincial y, en especial, los que se relacionen con la renta pública y sus inversiones, serán publicados periódicamente en la forma y tiempo que la ley reglamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3777 y su modificatoria, Ley 5172. Empero, los otros dos poderes del Estado provincial, esto es el Legislativo y el Judicial, no cumplen con la obligación constitucional de publicar sus actos, lo cual, la ciudadanía no puede controlar el accionar de sus representantes”.