Un fiscal pidió investigar las agresiones de la Policía contra una jubilada y el fotógrafo Pablo Grillo

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 quedará a cargo de la causa que apunta contra el accionar de los efectivos durante el operativo de seguridad que se llevó a cabo este miércoles en el Congreso.

 

La Procuraduría de Violencia Institucional presentó una denuncia de oficio para investigar el accionar de la policía federal durante la represión de este miércoles en las afueras del Congreso durante la manifestación de jubilados e hinchas de fútbol que dejó 25 heridos, entre ellos una jubilada de 87 años y el reportero gráfico Pablo Grillo, quien continúa hospitalizado en grave estado.

La causa iniciada por el fiscal general Alberto Gentili se centrará en estos dos casos. La mujer fue empujada por un efectivo en medio de un forcejeo, recibió un fuerte golpe y cayó desmayada sobre la vereda. Inmediatamente fue asistida por otros manifestantes que se encontraban en el lugar. La jubilada tuvo que ser trasladada al hospital Algerich por «un politrauma» y recibió el alta el mismo miércoles.

La denuncia quedará en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, con intervención de la Fiscalía N°11 del mismo fuero.

Brutal represión policial durante la marcha de jubilados en el Congreso

Los incidentes se produjeron en el marco de un fuerte operativo de seguridad ordenado por la ministra Patricia Bullrich, donde se reprimió a los hinchas de distintos equipos de fútbol que se concentraron frente al Congreso para acompañar a los jubilados en una nueva marcha donde reclamaron por aumentos.

Desde el gobierno porteño informaron que hubo 20 policías heridos y uno recibió un impacto de bala. El resto sufrió diversas lesiones: fractura de húmero izquierdo, traumatismo de cráneo, corte en cabeza, herida cortante en ojo derecho, herida punzante en pie izquierdo, mordedura en brazo izquierdo, entre otras.

Esta mañana, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de las 114 personas detenidas por las fuerzas de seguridad.

En el texto oficial, la magistrada dio cuenta de numerosos casos de detenciones en los que «no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados».

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