Tensión en comunidades aborígenes de Belén por el avance de una minera
Una situación de tensión se vive en la Comunidad Aborigen de Peñas Negras, en el norte del departamento Belén, donde las familias se resisten a la instalación de una empresa minera que obtuvo los permisos de exploración en una zona que, según manifiestan, debería estar protegida. En diálogo con El Esquiú.com, miembros de esa comunidad y la abogada de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, Andrea Morales Leanza, expresaron que están dispuestos a “dar la vida”, mientras esperaban que se ejecute una medida de la fiscalía de Belén para instalar un campamento policial que, consideran, es una medida intimidatoria y que apunta garantizar la actividad “Elevado Gold”.
“La comunidad de Peñas Negras se resiste, se niega en su derecho a que se lleve a cabo la actividad minera en su territorio, y la fiscal ordena ir por la fuerza y plantar los campamentos mineros”, explicó la abogada, quien consideró que “están poniendo en riesgo la paz social de esa comunidad, que se están armando con lo que tienen para resistir, porque están dispuestos a dar la vida para evitar que se instale la minera”.
La empresa Elevada Gold fue autorizada en febrero de este año, mediante la resolución del Ministerio de Minería de la provincia, para llevar a cabo las tareas de armado de un campamento provisorio para cinco personas, mapeo geológico, muestreo de suelos y rocas en un total de 500 muestras de propiedad minera, estudios geofísicos y otras actividades. Sin embargo, en mayo de 2023, se realizó una reunión informativa sobre la actividad que llevará a cabo la empresa, donde estuvieron presentes los caciques de algunas de las comunidades.
Asimismo, los integrantes de Peñas Negras, que es una comunidad que se escindió de la de Aguas Calientes justamente por estar en contra de la explotación minera, se expresaron en contra del avance de esta empresa en el territorio. “Las autoridades pretenden pasar por alto la decisión de las Comunidades Aborígenes, utilizando la fuerza pública; en este momento se están movilizando camionetas con efectivos policiales para reprimir a las comunidades, que están dispuestos a dar la vida”, advirtió la abogada, quien manifestó su “angustia” ante la falta de respuesta de las autoridades. “Me están cerrando todas las puertas, hemos pedido audiencias a la ministra de Seguridad por las amenazas de la policía a la comunidad, y me cerró las puertas, el gobernador también, no quieren dialogar, yo soy la representante legal de la comunidad, hemos presentado todo y no nos dan respuestas”.
“Hoy las Comunidades no tienen protección de la Justicia, están pretendiendo instalar minería a cielo abierto en un lugar donde está prohibido, porque se trata de la Biósfera de Laguna Blanca, y ya el juez Cerda, en el año 2007, cuando era Juez de Minas, se pronunció y dijo que no es viable una explotación minera en el lugar, porque se trata de una reserva donde hay humedales; es decir que esto va en contra de todos los ordenamientos de Derecho Ambiental”, advirtió la abogada.
Por su parte, Martín Marcial Pachado, uno de los comuneros de la comunidad, señaló que “es muy triste lo que estamos viviendo con nuestra comunidad, porque vienen con la fuerza, con la policía y órdenes de la Fiscalía, por lo que estamos pidiendo ayuda en nuestra lucha; nosotros somos los dueños de la tierra y de los recursos y nos quieren pasar por arriba”. “No sabemos por qué la fiscal Villagra dio esas órdenes, si ni siquiera conoce acá; lo que nosotros no queremos es que vengan a sacarnos las riquezas de nuestro territorio y dejarnos la contaminación”.
Flavia Vargas, delegada de Base de la comunidad expresó: “no nos dejan vivir en paz, entiendan que no queremos la minería y no nos hacen caso, estamos siendo perjudicados, perdiendo nuestro ganado, nos duele mucho como comunidad porque no tenemos a nadie de nuestro lado, pedimos por favor que nos respeten, que respeten nuestros derechos como comunidades indígenas”.
