San Luis: le depositaron una cifra millonaria por error, se gastó el dinero y podría ir presa
Una mujer de San Luis esperaba el dinero de la cuota alimentaria, pero recibió una millonaria transferencia por error del Gobierno provincial.
En esa línea, es importante que el Gobierno recuperó el 90% del dinero, donde parte fue devuelta voluntariamente y el resto está siendo rastreado por billeteras virtuales.
Desde Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se sostiene que hubo intentos previos de contacto para alertar sobre la equivocación, pero no fueron respondidos. «La buena fe hay que demostrarla con hechos», señaló Ávila.
¿Qué perspectiva tienen la defensa y los acusados sobre los hechos y la fianza?
La defensa, sostiene firmemente que no existió ninguna maniobra fraudulenta. Califican a los acusados como «personas humildes, sin antecedentes, con domicilio» que «nunca actuaron de mala fe». Insisten en que no se trata de una red de estafadores, sino de un «error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes».
Según el abogado, Verónica Acosta «nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada» antes de las acciones judiciales. La familia se enteró de la situación «cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado».
Sobre la fianza impuesta, la defensa y los acusados la consideran «exorbitante e imposible de cumplir«. La jueza exigió a cada uno de los seis imputados el depósito de 30 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. Esto suma un total de 180 millones de pesos.
El letrado defensor criticó la desproporcionalidad de esta medida, especialmente aplicada a «gente humilde». También comparó su situación con la de figuras políticas de alto perfil que enfrentan acusaciones graves y están en libertad, sugiriendo que sus defendidos son «perejiles» a los que se les quiere aplicar «todo el peso de la ley».
Tanto la imputación, como el monto de la caución han sido apelados por la defensa. Mientras se espera una resolución, las familias afectadas, que incluyen niños pequeños, personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, viven con la amenaza de volver a prisión. Verónica Acosta reiteró: «No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro«.
