Reforma laboral: la baja de contribuciones recorta en más de $100.000 millones los recursos del sistema de salud
El proyecto incluye una reducción de las contribuciones a las obras sociales, del 6% al 5%, por parte de las patronales, mientras que el aporte de los trabajadores se mantiene en 3%. Implica una caída del 11% en los recursos que perciben los sistemas de salud sindicales.
«La intención del Gobierno es abaratar el costo laboral y que haya más empleo formal, lo que generaría a su vez mayor recaudación», afirma Regazzoni. Sin embargo, advirtió que se trata de una equivocación «técnica», ya que la recaudación per cápita de cada uno de los afiliados a las obras sociales será menor y eso genera una mayor crisis en el sistema. Si actualmente hay una determinada cantidad de casos -por ejemplo, infartos- con un mayor número de afiliados esos episodios también crecerán, pero no podrán afrontarse con un menor nivel de aportes.
Fondo solidario y prestaciones en jaque
Desde el sector de las obras sociales advierten que el recorte llega en un momento de extrema fragilidad financiera. No existen cifras oficiales actualizadas sobre el costo total del Programa Médico Obligatorio (PMO), aunque estimaciones privadas lo ubican en el rango de $65.000 a $70.000 mensuales, un nivel difícil de sostener con trabajadores de bajos ingresos y una base de aportes reducida. Vale destacar que los trabajadores de mayores ingresos suelen derivar sus aportes a las prepagas, mientras que las obras sociales concentran mayoritariamente a afiliados de menores ingresos.
«Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado. Esta reforma está orientada a quebrar a los sindicatos», apuntó el dirigente, al mismo tiempo que señaló que ante la insuficiencia de recursos, muchos gremios ya están aportando fondos propios para sostener sus obras sociales, una dinámica que, según advierten, no es sostenible en el tiempo.
«El costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. Eso no lo tocan. Esta reforma la armaron los grandes estudios de empresarios y poder político», criticó el sindicalista.
Más empleo, menos cobertura
En el proyecto existe una contradicción de base, como ya lo plantea Regazzoni, si la reforma logra su objetivo de ampliar el empleo formal, el sistema de obras sociales no estaría en condiciones de alojar una mayor cantidad de trabajadores con menos recursos disponibles.
«Si hay más trabajadores, que es la intención última de la reforma, no podemos atenderlos. Fundimos», resumió Lingieri, quien advirtió que, de avanzar el esquema propuesto, «le entregamos la llave al Estado para que atienda a los trabajadores».
El dirigente puso como ejemplo la situación de los monotributistas, que actualmente pagan alrededor de $20.000 por una cobertura integral, una ecuación que, según plantean, se vuelve inviable si se amplía la base de afiliados sin financiamiento adicional.
Con las nuevas actualizaciones de cara a 2026, la categoría A -que es la más baja- pasará a aportar $22.485, de los cuales el 90% va al sistema de salud y el 10% al FSR.
Además, apuntó contra el Gobierno por la falta de consenso de la iniciativa. Desde la CGT aseguran que no hubo instancias formales de diálogo, pese a que el sector estaba dispuesto a negociar alternativas. «Nosotros negociamos con todos y podríamos haber llegado a un acuerdo», concluyó Lingieri.
Uno de los principales ideólogos de la reforma laboral y ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra los sindicatos tras la presentación del proyecto y aseguró que “la cuota sindical es algo que hay que discutir”. En esa línea, sostuvo que se trata de “parte del costo argentino del que tanto se habla” y advirtió que, en muchos casos, “lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador, por la sumatoria de descuentos”.