Purga en el PJ: el partido de CFK tilda de «traidores» a los peronistas que apoyaron la reforma
La conducción nacional del justicialismo lanzó un duro ataque contra los legisladores de Tucumán, Catamarca y Salta que facilitaron la ley de Milei. El comunicado coincide con una nueva fractura en el Senado que debilita el poder del interbloque opositor.

Para la conducción nacional del PJ, el acompañamiento de ciertos sectores opositores a la iniciativa oficialista constituye una afrenta directa a los principios fundacionales del movimiento. El texto es lapidario al afirmar que quienes votaron la reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de su movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar. Bajo la premisa de que el peronismo nació para ampliar derechos y no para convalidar su eliminación, el partido advirtió que un representante que avala tal precarización no expresa al movimiento, sino que responde a otros intereses que no son los del pueblo. Este mensaje tiene destinatarios con nombre y apellido en el mapa federal, dirigiéndose explícitamente a los legisladores de Tucumán y Salta que aportaron sus votos positivos, y a los de Catamarca, quienes, aunque no votaron a favor de la iniciativa, brindaron el quórum necesario para que sea tratada en la Cámara de Diputados, donde recibió la media sanción y la aprobación final.
La tensión dialéctica se materializó en los hechos este mismo lunes con una nueva fractura en el Congreso. El interbloque justicialista en el Senado sufrió un quiebre significativo con la salida de tres senadores que mantendrán el bloque Convicción Federal: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán). Este movimiento fue motorizado por los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, quienes consolidaron su alejamiento definitivo del kirchnerismo tras dos años de gestión de Milei. La ruptura, que se inició originalmente en la Cámara de Diputados, se completa ahora en la Cámara Alta, diezmando el poder de fuego de la oposición. Ante esto, los dirigentes nacionales sostuvieron que la historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar y también a quienes eligieron estar del lado equivocado.
A pesar de las críticas, el PJ Nacional buscó contraponer la reforma oficialista con su propia propuesta de modernización clara. En el documento, detallaron que el país no necesita menos derechos, sino más industria y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria mediante un salario mínimo acorde a la canasta básica, la participación en las ganancias, la ampliación de licencias parentales y el derecho a la desconexión digital. También incluyeron en su agenda la reducción de la jornada laboral y derechos para trabajadores de plataformas. Por su parte, las voces disidentes de los gobernadores no se quedaron calladas. Gustavo Sáenz fue el más virulento al calificar al PJ Nacional como la pyme familiar de CFK, su hijo y sus amigos, cuestionando que la ex mandataria siga decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias provinciales a pesar de la vergüenza que, según sus palabras, dieron en las últimas elecciones.
La interna, que se remonta a diferencias no saldadas desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, ha generado grietas que hoy parecen definitivas. El comunicado concluye advirtiendo que, sin un modelo económico que apueste por la industria y el empleo, no existe ley capaz de crear trabajo digno, calificando a la reforma no como una actualización, sino como un retroceso destinado al fracaso. Mientras el peronismo se fragmenta en el Congreso, la conducción centralizada de Cristina Kirchner y los gobernadores territoriales parecen haber roto el último puente de diálogo posible.
