Provincias mineras respaldaron la reforma a la ley de Glaciares, un día antes de la votación en Diputados
Funcionarios de cinco distritos intervinieron antes de que se dictamine la propuesta. La sesión está convocada para este miércoles desde las 15 horas.
En la Cámara de Diputados avanza un nuevo objetivo del Gobierno para esta segunda etapa de su plan legislativo, que lo encuentra con mayor influencia parlamentaria desde el pasado 10 de diciembre. Después de la participación del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, ministros y secretarios de provincias que impulsaron el proyecto, el oficialismo se garantizó dictaminar la reforma a la ley de Glaciares (con 37 de 66 firmas) y se prepara para sancionarla en 24 horas.
El plenario de debate devino en informativo y permitió la intervención de funcionarios de Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan, que insistieron que la minería no consume agua significativamente y que la ambigüedad de ciertas definiciones de la actual ley provoca inseguridad jurídica. Aún así, las inversiones en el sector no están detenidas, entre 2020 y 2023 la extracción minera creció el 31,3% -según Mining in Argentina-, mientras que la producción subió un 3,3% interanual en 2025 -según el Índice de Producción Industrial minero-, aunque se contrajo un 5,3% interanual en la cantidad de puestos de trabajo involucrados -según el último dato del 2025 de la Secretaría de Minería-.
Dentro de las 37 firmas del dictamen mayoritario, se encontraron miembros de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Somos Catamarca. La oposición ya apunta a la judicialización ante el optimismo libertario por sancionar la ley en una sesión este miércoles 8 de abril desde las 15 horas.
El proyecto que cambia la Ley 26.639 propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva. Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas. Ese punto, y la cualidad interjurisdiccional de las cuencas hídricas, concentra buena parte de las críticas de organizaciones ambientales y de la oposición.
Reforma a la ley de Glaciares: plenario en Diputados
Entre las voces disidentes, la jujeña Inés Zigarán (Provincias Unidas) criticó la presencia de funcionarios mineros, en detrimento de «los miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente. Acá deberíamos tener sentados a los ministros de ambiente de las provincias, que son las autoridades de la aplicación de las normativas que están en juego en esta discusión». «Lo que están haciendo acá desnuda el verdadero objetivo de esta ley», agregó.
El porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reiteró el argumento al plantear que «estamos viendo la representación de un sector particular en este plenario de comisiones, en donde el sujeto regulado (las mineras) dicta, redacta y decide el proceso deliberativo en lo que es la formación y sanción de las leyes”. Así fue que criticó que se denegó su solicitud para la participación de funcionarios de provincias no mineras, así como a especialistas constitucionales.
El disertante de mayor autoridad fue el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El funcionario buscó despegarse de una dicotomía y definió que «la minería es ambiente por que lo que se viene es la transición energética», aunque admitió que «para que se dé la transición energética, se precisan de dos minerales que se consideran críticos: el litio y el cobre, que no se puede reemplazar». El mandatario sanjuanino también sostuvo que «esta ley viene a reconocer facultades de las provincias»: «Tenemos instituciones que vienen funcionando de hace mucho tiempo de manera completa y sólida».
Por su parte, el secretario de Minería, Luis Lucero, dijo que la prioridad de la propuesta es «la búsqueda cooperativa de intercambio de información». Tras ello, opinó que la «reforma despejará incertidumbre que han frenado la minería argentina«. Tras decir que el agua de un glaciar de escombros consume 30 litros por minuto, ratificó que este «es un recurso natural esencial, nadie considera otra cosa», pero que desean «aportar mejor conocimiento y decisiones racionales basado en estudios y en la ciencia». En la previa, distintos bloques pidieron que Lucero se excuse por haber trabajado como abogado de mineras.