Por ahora, los médicos guardaron silencio en las indagatorias
SE PROFUNDIZA LA INVESTIGACIÓN POR LAS ÓRDENES «TRUCHAS» DE OSEP
Ayer estaban citados 4 facultativos acusados por el escándalo de las órdenes truchas. Dos se abstuvieron de declarar y dos pidieron prórroga.
Foto: IMPUTADOS. DE IZQUIERDA A DERECHA, JUAN CÓRDOBA BUSTOS, JAVIER ALEJANDRO CODIGONI Y MARCELO EDUARDO UBAID.
Dos de los cuatro médicos citados para la indagatoria ante los fiscales de la Unidad Fiscal de DelitosEspeciales y contra la Administración Pública se presentaron efectivamente ante los funcionarios y prefirieron mantenerse en silencio, sin declarar sobre los delitos que se les imputan. Los otros dos pidieron una prórroga, a la que los fiscales accedieron, y se fijó una nueva fecha para que comparezcan.
Así se completó ayer la primera jornada de otras arduas que seguirán para indagar a los 14 facultativos que se mantiene acusados de haber cometido el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento privado adulterado, un delito contemplado en el inciso 5º del artículo 174 del Código Penal, tal como lo informó en exclusiva El Ancasti en su edición del martes pasado.
Los dos médicos que fueron indagados y se abstuvieron fueron Juan León Córdoba Bustos (lo defendió el abogado Luis Gandini) y Javier Alejandro Codigoni (concurrió con la asistencia de Herman Zalazar). El otro que se presentó fue Marcelo Eduardo Ubaid (llegó con Claudio Contreras), mientras que Federico Zandos no concurrió y envió a su abogado, Gustavo Martínez Azar.
Este grupo de médicos tiene entre 3 y 5 hechos como imputación principal. Y en total, sumarían alrededor de 50 hechos de fraude cometido contra el Estado, tanto consumados como en grado de tentativa.
En un breve diálogo que mantuvo el abogado Luis Gandini con este diario, confirmó la imputación de su defendido, el joven médico Córdoba Bustos, y aclaró que se mantendrá sin declarar hasta tanto se conozca y se estudie «la prueba que tienen los fiscales para sostener la acusación».
Paralelamente, ayer se pudo conocer en detalle un poco más de lo que implica la acusación a cada uno de los médicos.
Cada hecho que se le atribuye a cada médico configura una «unidad de propósito», es decir, que engloba una cantidad de actos que completan el hecho de fraude. En el marco de esta investigación, cada hecho constituye un mes de facturación de órdenes «truchas» a la OSEP. Por lo tanto, puede ser que para cada médico sea un número diferente de órdenes, aunque varían entre 50 y más de un centenar.
Así, con el trabajo de los fiscales se habría logrado establecer que habría más de 2.000 órdenes «truchas» presentadas en diversos meses de 2013. Esto se logró determinar merced al trabajo de comprobación de las más de 788 mil órdenes «físicas» que contabilizó y facturó el Círculo Médico el año pasado, y que fueron secuestradas como prueba por los fiscales.
Solo por ahora, los investigadores de la Unidad Fiscal que dirigen los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecín analizaron las órdenes emitidas en la casa central de la obra social estatal. Aún resta hacer el mismo trabajo de análisis con las órdenes impresas en las farmacias (hay 100 farmacias que emiten órdenes de consulta médica diurna), por lo que no se descarta que el número de imputados se amplíe -que sean acusadas otras personas- o bien, que se amplíe la acusación contra los actuales imputados.
En esta línea se seguirá la pesquisa, tal como lo pidió la propia presidenta del Círculo Médico de Catamarca, Patricia Rojas, quien le requirió a la Justicia que investigue si los médicos contaron con ayuda de otras personas para fraguar los códigos de barra de las órdenes que luego le facturaron a la OSEP.
«Gauchada» al médico amigo
Si bien ninguno de los médicos hasta ahora imputados pudo expresar una posición exculpatoria sobre los delitos por los cuales están bajo sospecha, trascendió ayer una situación que habrían manifestado algunos de los acusados respecto a las razones de su accionar.
El dato se refiere a los escasísimos haberes que reciben los residentes médicos que actualmente trabajan en los Hospitales públicos de la provincia. Como aún no completaron su formación, el único haber que reciben es el de una beca establecida por el Gobierno Nacional, que no supera los $2.500, a lo que se les agrega una suma inferior que paga el Gobierno provincial.
Sin poder acceder a trabajar en las obras sociales y sin poder facturar, otros colegas (algunos de los acusados) los habrían «ayudado» económicamente, como una gauchada con estas maniobras, sobrefacturándole a la OSEP por prestaciones que no hicieron.
De ser cierta esta explicación, de ninguna manera pone al margen del delito a quien lo hizo, sino que por el contrario, apunta contra otra enorme flaqueza que tiene el Estado provincial con su ya muy precario sistema de salud pública.
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