Tras un año de trabajo y de reuniones mensuales con asistencia de todas las provincias, las autoridades mineras que integran el Consejo Federal de Minería (Cofemin), junto con la secretaría de Minería de la Nación, pusieron «punto final” a la redacción del Acuerdo Federal Minero.

 El documento, tal como fue consensuado durante el transcurso de la semana, se lo entregarán al presidente Mauricio Macri y a los gobernadores provinciales para su firma.

Una vez alcanzada la rúbrica, se lo enviará a la cámara alta del Congreso para que ésta lo ratifique.

Según indicaron fuentes del sector a diferentes medios nacionales, el acuerdo otorga «claridad” y marca «consensos” para la actividad minera.

Las empresas prevén invertir u$s 25.000 millones hasta el 2021 y sumar 40.000 nuevos puestos de trabajo a los 80.000 ya existentes.

El Cofemin, que preside el secretario de minería de Catamarca, Rodolfo Micone, fue el ámbito para lograr el consenso y el fortalecimiento del vínculo institucional entre las provincias y la Nación.

«El objetivo fue conciliar los aportes que una minería responsable puede hacerle al país y a las regiones en las que se desarrolla; volcando en sus comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso y estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación del medio ambiente”, indicaron a través de un comunicado oficial.

En el último encuentro que se llevó a cabo en el Consejo Federal, estuvieron invitados a participar la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, Guillermo Pereyra, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren y la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma).

Según informa el sitio especializado en la materia, Mining Press, «no prosperó el planteo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros para poner un paraguas a la cuestión de la renta minera y enmarcarlo en la gran discusión tributaria nacional planteada para 2018”.

En este orden de cosas, señala que «tampoco la reconsideración de la polémica mención de que serán cada provincias las que decidan su actitud de cara a la minería”.

Puntos

En el transcurso de las últimas horas, el portal citado dio a transcender lo que sería la redacción final del acuerdo.

En el mismo, se puede apreciar que no se incluyó un punto que un su oportunidad fue cuestionado por el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez.

Sucede que en el borrador del AFM, uno de los puntos especificaba que «los municipios que (…) resuelvan limitar o prohibir la minería en cualquiera de sus formas, mientras duren tales limitaciones o prohibiciones, no serán acreedores ni podrán percibir monto alguno de los previstos en el articulo 2.2 ni ser destinatarios de ninguna de las obras indicadas en el apartado 2.2d)”.

Por otra parte, en el documento que dio a conocer le sitio de noticias mencionado, se expone distintos puntos sobre los que se trabajaría en materia minera.

Para el caso, se apunta entre otros factores, a las regalías mineras. En este sentido, y según el documento que trascendió, se establece que «las provincias que deseen aplicar regalías se comprometen a cobrar hasta el tres por ciento sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento minero, por todo concepto y sin deducción de suma alguna”.

A la vez, aclara que «el débito fiscal del impuesto al valor agregado no formará parte de la base de cálculo”.

En este orden, señala que «las provincias establecerán regímenes de administración de las regalías percibidas o a percibir”.

En cuanto a las empresas provinciales con capacidad de actuar en el ámbito minero, se enmarca que «tendrán su propio patrimonio, estarán sujetas a las normas de auditoría y contralor aplicables y deberán rendir cuenta de sus actividades y situación contable y patrimonial”.

Sobre el régimen tributario, se habría acordado en mantener un esquema que «sea pilar de confianza hacía los inversores, promueva la competitividad de la industria minera y favorezca la distribución equitativa de los beneficios de la actividad”.

El convenio también contempla mejorar la gestión y el control ambiental, punto por el que se verificará periódicamente la calidad del agua, aire y suelo en los establecimientos mineros. Además, que las provincias mineras perciban mayores ingresos.

A la vez, se busca modernizar la comunicación y hacer partícipe a la ciudadanía y desarrollar la infraestructura como también integrar a la minería con el resto de las actividades.