Pacto de austeridad: Cerrado su frente salarial, el Gobierno inicia tratativas con los intendentes

marzo 23, 2026
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Prepara un convenio fiscal para afrontar la crisis económica, con conflictos salariales en el interior. Los intendentes que adhieran accederán a beneficios y programas de inversión.

El Ejecutivo Provincial elaboró un Convenio Marco de Responsabilidad Fiscal y Fortalecimiento Institucional Municipal para ordenar las finanzas de los municipios en un contexto de caída de la coparticipación y conflictos salariales abiertos en el interior provincial. El documento, que los intendentes deben firmar con el gobernador Raúl Jalil para acceder a beneficios provinciales, establece obligaciones concretas en materia de gasto en personal, transparencia administrativa y bancarización de pagos, y fija como límite que el gasto en sueldos no supere el 65% del presupuesto municipal anual.
En distintos puntos del interior catamarqueño, empleados municipales levantaron reclamos para abrir las paritarias 2026. Los conflictos se registraron en Belén, Andalgalá, Huillapima y San José, entre otros municipios, donde los trabajadores denunciaron que sus salarios quedaron rezagados frente a la inflación y que las gestiones locales no tienen recursos para otorgar aumentos. Los intendentes coinciden en el diagnóstico: la caída de los fondos les quitó margen de maniobra. El gobernador Jalil reconoció que marzo será el peor momento del año en materia fiscal, que la baja de la coparticipación fue cercana al 5% respecto a lo proyectado, y les pidió a todos «mucha tolerancia y prudencia».
El convenio apunta precisamente a ese problema estructural. Entre las obligaciones que asumen los municipios está la de remitir mensualmente a la provincia la información sobre su planta de personal, abstenerse de incrementar desproporcionadamente la dotación de agentes en relación a la población y adoptar medidas para cumplir el tope del 65% en gasto de personal fijado por la Ley Provincial N° 5.677.
También deben implementar un sistema unificado de liquidación de haberes que evite la fragmentación de los pagos salariales, bancarizar el pago de becas y programas sociales con identificación de CBU, y firmar convenios con la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCat) y con ECSapen en un plazo de 30 días desde la firma.
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la cláusula sobre los becados provinciales. El convenio prevé que los municipios puedan asumir la gestión operativa del personal de programas de becas provinciales para tareas de mantenimiento en edificios públicos de jurisdicción provincial —escuelas, centros de salud y dependencias administrativas— dentro de su ejido. El acuerdo aclara expresamente que esa afectación no generará vínculo laboral con la provincia ni implicará transferencia de la relación jurídica del programa, y que la responsabilidad operativa queda en manos del municipio.

Beneficios

A cambio de esos compromisos, la provincia ofrece una serie de beneficios. Los municipios firmantes accederán con prioridad a programas provinciales de inversión pública, infraestructura, equipamiento urbano y fortalecimiento institucional. También podrán recibir aportes del Tesoro Provincial para el financiamiento del transporte escolar y asistencia técnica para la modernización de la gestión. La cláusula de beneficios aclara, sin embargo, que el otorgamiento efectivo de los mismos estará sujeto a disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de las condiciones del convenio.

El convenio establece mecanismos de control: la provincia podrá realizar auditorías y, ante incumplimientos, suspender transferencias y publicar la situación de cada municipio. Los municipios tienen 30 días desde la firma para obtener la ratificación del Concejo Deliberante mediante ordenanza; si no ocurre en ese plazo, el acuerdo queda sin efecto.

El acuerdo tiene vigencia de doce meses y se enmarca en una estrategia provincial que también incluyó esta semana la firma de convenios con el CFI para impulsar energías renovables y financiamiento productivo, y el anuncio del gobernador Jalil de que ampliará el período de sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de Ley de Transparencia Minera.

Jalil había reconocido que marzo será «el peor momento» en materia fiscal y que la caída de la coparticipación fue cercana al 5% respecto a lo proyectado. El convenio con los municipios es, en ese contexto, una respuesta institucional a una crisis que ya tiene nombre y apellido en el interior catamarqueño.

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