Opositores proponen que el Gobierno deje de usar bonos en los aumentos salariales

Los tres diputados del bloque opositor Generación del Cambio firmaron un proyecto de ley para establecer un “régimen permanente de protección del salario de los trabajadores del sector público provincial”. El objetivo al que apuntan Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña es terminar con la “discrecionalidad” de los bonos en cada incremento salarial para estatales por que van en negro y, a la vez, garantizar actualizaciones mensuales automáticas por inflación.
En la iniciativa, los opositores reconocen que “el contexto inflacionario continúa aun ejerciendo presión directa sobre el ingreso de los hogares trabajadores” y que ello “exige mecanismos normativos de actualización que no dependan de decisiones discrecionales o diferidas en el tiempo”. “El problema salarial de los trabajadores catamarqueños no se reduce a la existencia o no de aumentos, sino a cómo se conforma el salario” distinguen para remarcar que, “cuando una porción relevante del ingreso se canaliza mediante bonos o adicionales no remunerativos, se debilita la base salarial”.
Dentro del articulado del proyecto se establece una prohibición general para el otorgamiento de sumas no remunerativas o no bonificables, comúnmente denominadas “bonos” o pagos “en negro”.  Para los legisladores, estas sumas no solo licuan derechos laborales sino también los previsionales. Eso sí, no le cierran la puerta totalmente a los bonos ya que estipulan que cualquier excepción a esta regla debe ser extraordinaria, fundada, con plazo determinado y con un cronograma obligatorio de incorporación progresiva al básico.
En cuanto a la actualización de los haberes, la ley propone retomar la aplicación de una cláusula gatillo mensual, automática y acumulativo que tome como referencia directa la variación de la inflación. Esta a la vez alcanzaría tanto al salario básico como a los adicionales remunerativos permanentes, buscando así evitar el achatamiento salarial y preservando el poder adquisitivo frente a la presión inflacionaria. Además, sugieren que la actualización automática también aplique en adicionales sociales.
Si bien la política salarial es potestad del Ejecutivo, los opositores también proponen una opción para asegurar la viabilidad económica de la Ley. La iniciativa contempla la creación del Fondo Provincial de Reparación Salarial el cual se financiaría, entre otras cosas, con hasta el 30% de las rentas que la Provincia obtiene de sus colocaciones financieras (inversiones) y el rendimiento de sus excedentes transitorios de caja. “La viabilidad surge de la propia legislación provincial: en la Ley de Presupuesto 2025, la Provincia reconoce la existencia y utilización de herramientas de inversión financiera sobre excedentes transitorios; por lo tanto, resulta plenamente razonable discutir legislativamente el destino, publicidad y eventual afectación parcial de esas rentas”, argumentan.