La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzaron una campaña audiovisual para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria, bajo la consigna: “No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre”.
La iniciativa busca sumar apoyo al reclamo de la comunidad educativa por la aplicación efectiva de la normativa que establece el financiamiento para las universidades nacionales.
El CIN confirmó que la movilización se realizará este jueves 15 de octubre a las 13:30, frente al Congreso de la Nación. La convocatoria apunta a visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, el atraso de los salarios docentes y no docentes, y el deterioro del sistema científico nacional.
En un primer momento, las organizaciones habían evaluado concentrarse frente al Palacio de Tribunales para poner el foco en el papel de la Justicia dentro del conflicto. Sin embargo, rectores, gremios docentes y no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron trasladar el acto central a las puertas del Poder Legislativo.
Por qué UBA convoca la marcha frente al Congreso
La decisión está vinculada con el inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y con la sesión especial impulsada por la oposición para tratar temas como la morosidad, la emergencia en discapacidad y el rechazo del DNU 70/23. De esta manera, la comunidad universitaria buscará llevar su reclamo directamente ante los legisladores que deben discutir los recursos destinados al sector.
Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre los fondos previstos por el Gobierno y los que las autoridades universitarias consideran necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones. Mientras el proyecto oficial contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, el CIN estima que se requieren alrededor de $11 billones para cubrir los gastos y el pago de haberes.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
El eje central de la movilización será la exigencia de cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso luego de que el Senado insistiera con su sanción tras el veto presidencial, pero su implementación continúa en el centro de la disputa entre el Gobierno y las universidades.
En paralelo, los sindicatos docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4%, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. La protesta reunirá así distintas demandas de la comunidad educativa, que busca una respuesta tanto a la situación salarial como a la falta de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.