La exdiputada nacional y referenta de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, imputándole los presuntos delitos de abuso de autoridad y violencia de género en sus modalidades digital, mediática e institucional.
La acción judicial se originó a raíz de los agravios e insultos vertidos públicamente por el Jefe de Estado contra la periodista María Eugenia Duffard, a quien calificó con términos como «zurda inmunda» y «basura corrupta» luego de una entrevista que la cronista le realizó al diputado nacional Máximo Kirchner en un espacio de streaming.
En su escrito, Carrió sostuvo que los descalificativos presidenciales «constituyen una violación» a los tratados internacionales de derechos humanos y de protección a la mujer con jerarquía constitucional, además de evidenciar «inhabilidad moral». Ante la gravedad de los hechos, la exlegisladora requirió la inmediata intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Por su parte, la comunicadora respondió a las acusaciones de Milei —quien la había señalado por presuntamente respaldar al kirchnerismo y justificar actos de corrupción— recordando su labor investigativa durante 2015 en el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata. En esa misma línea, Duffard remarcó que durante ese período el actual mandatario se desempeñaba en los equipos económicos del Banco Provincia, conducidos por el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, prestando asesoramiento técnico a la candidatura presidencial de Daniel Scioli.
La presentación formal de Carrió hace hincapié en que los sistemáticos ataques verbales emitidos desde la Presidencia persiguen el objetivo de condicionar la libertad de expresión e inducir a la autocensura. El posicionamiento judicial fue respaldado por entidades representativas del sector como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), cuyos referentes expresaron su preocupación por el sostenido hostigamiento oficial contra los trabajadores de prensa.