Tras un invierno de intensas lluvias que multiplicó la masa vegetal, una brutal ola de calor convirtió los montes en un polvorín, pero los ultras insisten en culpar al ecologismo.
España se enfrenta a una de las peores crisis medioambientales de su historia reciente. Acumula en lo que va del año casi una treintena de grandes incendios forestales activos que han calcinado ya más de 114.000 hectáreas en todo el territorio nacional, casi cuatro veces más que en el mismo período del año anterior. La gravedad de la situación llevó este viernes al Ministerio del Interior a declarar la emergencia de interés nacional ante la simultaneidad de virulentos focos en el suroeste de la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila y Castilla-La Mancha.
Un total de entre 45.000 y 50.000 personas han sido evacuadas o confinadas en sus viviendas. El punto más doloroso de esta crisis se produjo la semana pasada en el municipio de Los Gallardos, en la provincia andaluza de Almería, donde un incendio provocó la muerte de 13 personas. Ante un escenario meteorológico adverso de temperaturas extremas y vientos cambiantes, los servicios de extinción y las fuerzas armadas continúan combatiendo las llamas a contrarreloj para frenar el avance de los múltiples frentes.
La prioridad absoluta de los operativos de emergencia se concentra actualmente en la protección directa de la población y en evitar a toda costa que las llamas se unan en un macroincendio fuera de control. Sin embargo, la virulencia del fuego ha rebasado en varias zonas la capacidad técnica de extinción.
Los incendios se unifican
En la zona centro de la Península, los tres focos principales activos en la región madrileña terminaron unificándose en un solo frente destructivo que obligó al desalojo urgente de localidades enteras como Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey.
La respuesta institucional ha tenido que escalar al máximo nivel estatal con el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras la Unión Europea ha debido activar sus protocolos de solidaridad para enviar aviones anfibios Canadair procedentes de Grecia.
Para comprender en su justa dimensión el porqué de esta tragedia en pleno verano de 2026, resulta indispensable contextualizar la trampa perfecta que ha configurado la variabilidad climática extrema. Durante el pasado invierno y el inicio de la primavera, la Península Ibérica registró una temporada de precipitaciones inusualmente intensas. Lejos de constituir un alivio hídrico duradero, la abundancia de agua generó una eclosión desmedida de matorral, pastos y vegetación baja.
Inmediatamente después, a ese período húmedo le sucedió una ola de calor extraordinariamente severa, prolongada y asfixiante, con temperaturas continuadas por encima de los 40 °C y valores de humedad relativa inferiores al 30%.
En cuestión de muy pocas semanas, esa tupida capa vegetal primaveral se deshidrató por completo, convirtiéndose en una inmensa masa de combustible lista para arder como un polvorín ante cualquier imprudencia o ignición accidental.
El cambio climático no sólo está en la creación de las condiciones para que los incendios se produzcan, sino que también actúa como un multiplicador implacable del riesgo. Una atmósfera cada vez más cálida funciona como un deshidratador gigante que absorbe de manera acelerada la humedad residual de las plantas y de los suelos.
Este fenómeno meteorológico propicia la aparición de los denominados “incendios de sexta generación”: fuegos de una voracidad energética tan descomunal que liberan suficiente calor como para alterar la meteorología a su alrededor, generando pirocúmulos -nubes de tormenta producidas por el propio calor del fuego- que proyectan ascuas a kilómetros de distancia y vuelven obsoletas las maniobras tradicionales de contención.
Los expertos señalan que la ventana de riesgo extremo ya no se limita a los meses centrales del verano, sino que la temporada de incendios se ha dilatado hacia la primavera y el otoño.
Frente a la abrumadora evidencia científica y al sufrimiento directo de miles de familias desplazadas de sus hogares, la extrema derecha española, encarnada en el partido Vox, ha decidido atrincherarse en un negacionismo irresponsable y profundamente reaccionario.
Con un discurso que roza el cinismo en medio de la catástrofe social, la formación ultraderechista insiste en negar rotundamente que el cambio climático sea la causa de estos desastres, atribuyendo la responsabilidad de las llamas a una supuesta “ideología criminal” del ecologismo y a la falta de limpiezas tradicionales en los montes.
Los hombres de ciencia del Centro Superior de Investigaciones Científicas e ingenieros forestales explican pacientemente que la deshidratación atmosférica transforma cualquier ecosistema en combustible altamente inflamable. Sin embargo, la reacción ultra acusa al “fanatismo climático” y desvía la atención pública hacia sus batallas culturales. Esta postura no sólo menosprecia la labor rigurosa de los especialistas, sino que amenaza con bloquear el debate urgente sobre la necesidad de implementar políticas públicas integrales de transición ecológica y ordenamiento territorial.
La grave crisis que atraviesa España trasciende la simple coyuntura de un verano caluroso. Constituye la prueba material de que la dependencia continuada de los combustibles fósiles y la desregulación ambiental tienen un costo directo en vidas humanas, pérdida de biodiversidad y destrucción del tejido socioeconómico. Mientras el fuego continúa amenazando en los pueblos de Ávila, Madrid y Andalucía, la batalla por entender la crisis climática en toda su dimensión política se vuelve una cuestión de supervivencia colectiva.