Manuel Adorni confirmó el envío al Congreso de la ley para eliminar las PASO

A través de sus redes sociales, el vocero presidencial informó que el Gobierno envió la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Los detalles.

Tras anticiparlo en más de una oportunidad, el gobierno de Javier Milei finalmente envió al Congreso Nacional la norma que busca eliminar el Régimen de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y su sistema de financiamiento.

En este sentido, fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien dio la noticia a través de su cuenta de la red social X: «El gobierno envió al Congreso Nacional la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral: esto significará la eliminación de las elecciones PASO y la modificación del financiamiento de los partidos políticos», comenzó indicando.

Luego, agregó: «Menos recursos para la politica, más recursos para todos los argentinos», tras lo cual finalizó con su ya conocido «fin».

El impacto de la eliminación de las PASO

Tal como busca incesantemente la gestión libertaria, la eliminación de las PASO representa un ahorro de 45 mil millones de pesos para el Estado y, según el Gobierno aduce, un alivio para los ciudadanos, dado que no tendrán que participar de lo que consideran «un proceso electoral innecesario».

«Solo diez agrupaciones utilizaron esta herramienta para dirimir internas para las elecciones presidenciales, de las cuáles el 40% no logró alcanzar el piso mínimo de 1,5% de votos para poder competir en las elecciones generales», indicó Adorni en su momento.

La idea de eliminar las PASO ya había sido adelantada por el vocero presidencial, junto con la justificación de «suprimir una herramienta que se convirtió en una encuesta paga por los argentinos y que ya no dirime internas», para continuar con su objetivo de «cuidar el superávit fiscal».

En este sentido, el Gobierno también asegura que esto refuerza el «compromiso con la transparencia», dado que la norma a discutirse en el Congreso contempla severas sanciones «a los partidos políticos que incumplan las normativas», con el foco puesto en el sistema de fiscalización.

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