Los gobernadores dialoguistas hacen equilibrio entre la crisis fiscal y las negociaciones con Javier Milei

Martín Llaryora centraliza, recorta ministerios y apunta a 2027

En Córdoba, el gobernador peronista Martín Llaryora implementó desde hace una semana una reorganización estructural que va más allá del ajuste fiscal: fusionó ministerios, redujo la estructura política y centralizó el control del gasto en un intento por ordenar la gestión de cara a la búsqueda de su reelección, en 2027.

Ante ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación, Llaryora creó el «Consejo de Gestión Estratégica del Gasto», que concentra bajo la mirada del ministro de Economía Guillermo Acosta todas las erogaciones que antes manejaban los ministerios. La medida implica la eliminación de los «fondos permanentes» (caja chica) de cada ministerio y establece que cada gasto debe ser pedido por nota electrónica, con días de pago específicos para proveedores. «Toda la ejecución del gasto estará dirigida y priorizada de acuerdo a las definiciones políticas del gobernador», explicaron fuentes oficiales.

Pero el ajuste no se limita a la administración diaria. A fines de 2025, Llaryora ya había suprimido dos ministerios -Ambiente y Economía Circular y Desarrollo Humano- que pasaron a formar parte de las estructuras de Educación y Salud, respectivamente. De esta manera, la estructura ministerial se redujo de 14 a 12 ministerios y de 10 a 5 agencias. Las exministras Victoria Flores y Liliana Montero fueron «degradadas pero no tanto» porque mantienen su rango jerárquico al frente de secretarías generales que dependen de los ministerios que ya conducían otros funcionarios.

Las decisiones del jefe provincial cordobés respondieron a la derrota electoral en las legislativas nacionales de octubre de 2025, por más de 14 puntos, frente a la lista de La Libertad Avanza. También amplió por un año la reducción salarial del 10% para el gobernador, su vice y los funcionarios de planta política, una medida simbólica que había implementado desde su asunción. Por consultas de Ámbito, la pregunta que circula en los pasillos políticos es si estos movimientos serán suficientes para llegar con fuerza a su intento de reelección en 2027, o si deberá profundizar la «refuncionalización» de su gabinete.

Llaryora, desde el espacio Provincias Unidas, junto a otros cuatro mandatarios, es uno de los más críticos dentro del grupo dialoguista. En el coloquio de IDEA de octubre de 2025, el mandatario cordobés lamentó que el de Javier Milei sea «un Gobierno muy cerrado en sí mismo» y le reclamó que convoque a todos los gobernadores y a los distintos sectores de la economía. «Con nosotros solos no alcanza», señaló en aquella oportunidad, en una clara advertencia sobre los límites de la estrategia oficialista.

Carlos Sadir, ajuste y límite al «doble comando»

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, enfrenta el ajuste más complejo desde el punto de vista político: debe administrar una crisis fiscal heredada mientras intenta despegarse de la sombra de su predecesor, el también radical Gerardo Morales, en un escenario que es definido como de «doble comando«, según la dirigencia local.

Hace unos días, el jefe provincial firmó el decreto 5084/2026, que desde lo político fue leído como un «golpe de timón» para demostrar autoridad y autonomía de Morales, de acuerdo a una fuente con la que habló este medio. El decreto dispone el congelamiento de la planta de personal, horas extras «excepcionales y restrictivas», reducción de cargos y contratos, prohibición de alquilar vehículos, suspensión de transferencias extraordinarias a municipios y comunas, congelamiento de la pauta publicitaria oficial, prohibición de compra de bienes de capital sin autorización superior y, sobre todo, la obligación de contar con autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo para iniciar toda obra pública.

La medida tiene una carga política adicional: la invitación formal a que municipios y comunas adhieran al decreto, que se descuenta. A esto se suma el recorte de las asistencias extraordinarias a las intendencias, lo que coloca a los jefes municipales ante un nuevo tablero en el que se dirimirán lealtades, de cara a las elecciones provinciales de 2027.

Sadir reunió hace unos días a los diputados de Jujuy Crece para fijar una agenda, alinear al oficialismo detrás del nuevo rumbo, bajo un solo mensaje: «Menos iniciativas de lucimiento, menos experimentos proselitistas y más acompañamiento a una provincia que entra en fase de comando centralizado».

Pero el ajuste fiscal convive con una apuesta estratégica hacia la minería. Sadir anunció una inversión bajo el régimen RIGI por más de US$ 1.200 millones que generará empleo en zonas mineras, en un contexto donde las exportaciones de litio ya superan las 82.000 toneladas.

Osvaldo Jaldo, el diálogo que no paga

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue uno de los primeros dialoguistas con la Nación pero esta provincia es la segunda más perjudicada por la caída de las transferencias nacionales, con una baja del 6,3% en marzo de 2026, solo superada por CABA, de acuerdo a datos oficiales.

Frente a ello, en los últimos días endureció su discurso en contra de la Casa Rosada en contacto con los medios locales: «La Nación, de una vez por todas, tiene que empezar a cumplir con Tucumán». Y detalló los recursos adeudados: «A nosotros nos deben recursos por el PAMI, por el ANSES, recursos propios de las provincias, como es la distribución equitativa de los ATN, y también nos tendrían que coparticipar el Impuesto al Combustible, que no se lo coparticipa y queda en las arcas del Estado nacional».

Jaldo advirtió que «las variables macroeconómicas todavía no están dando los resultados que todos estamos esperando», una crítica implícita a la gestión de Javier Milei que contrasta con su postura de apoyo en el Congreso. El gobernador informó que avanza en la «letra chica» de un acuerdo para que la Casa Rosada reconozca las deudas y gire el dinero en el corto plazo, aunque este acuerdo aún no se materializó. Por esta razón, Jaldo estuvo la semana pasada en Buenos Aires, en donde se reunió con funcionarios de Economía para avanzar en la cancelación de esas deudas y lograr algo de oxígeno financiero.

Sin embargo, el malestar de Jaldo trasciende lo fiscal, se señaló. En la misma reunión de Zoom de febrero de 2026, en la que Diego Santilli sondeaba los votos para la reforma laboral, el gobernador tucumano fue quien llevó la voz cantante del reclamo grupal. Según se reconstruyó, el tucumano se sumó al planteo de su par Gustavo Sáenz (Salta) con una palabra que en política suena a una elegante advertencia: pidió «reciprocidad».

Otro de los ruidos del vínculo de Jaldo con la Casa Rosada es la presencia en Tucumán del referente libertario Lisandro Catalán, miembro del directorio de YPF y presidente de LLA local, quien juega a la oposición dura, sin distinguir entre adversarios y un aliado circunstancial. Para el mandatario, esa dinámica erosiona la confianza con la Nación y generó descontento en sus segundas líneas. En los últimos días el exministro del Interior bajó el perfil, tras la visita de Javier Milei a Tucumán, por lo que se presume que habría acusado recibo de un pedido para bajar el nivel de confrontación.

Votos sin correspondencia

La paradoja de estos cuatro gobernadores radica en que, pese a sufrir los efectos del ajuste fiscal nacional, constituyen un apoyo clave del que Javier Milei necesita para gobernar. El bloque de La Libertad Avanza no alcanza el quórum en ninguna de las cámaras: tiene 95 diputados y 21 senadores, frente a los 93 diputados y 28 senadores de Unión por la Patria.

Fueron los gobernadores dialoguistas -Jalil, Jaldo, Sáenz, Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan)- quienes garantizaron la aprobación del Presupuesto 2026 en la cámara de Diputados, con 132 votos a favor. Y fueron ellos, una vez más, quienes aseguraron la media sanción de la reforma laboral en febrero de 2026, tanto en Diputados como en el Senado.

Sin embargo, la correspondencia política no tiene la misma medida. El malestar es compartido en las segundas líneas de los gobernadores. Miembros de los equipos de Jalil, Jaldo, Llaryora y Sáenz no entienden por qué deben soportar el costo político de votar leyes impopulares -como la reforma laboral- si luego el jefe de Estado no ordena a sus referentes locales que moderen el discurso opositor y garantice fondos contantes y sonantes. Solo a cuentagotas.

En breve, la Casa Rosada volverá a necesitar de la ayuda de estos mandatarios para futuras leyes pero la paciencia de estos tiene límites. Como advirtió Jaldo en aquella videoconferencia en pleno Carnaval, el apoyo «se puede cortar» si no hay reciprocidad. La pregunta que circula en los despachos provinciales es cuánto más podrán sostener esta contradicción sin que el costo político se vuelva insoportable e irremontable.