Ley de Glaciares: iniciaron las audiencias públicas entre controversias por la participación y disputas dentro del recinto
Al comenzar la actividad en Diputados se redujo el tiempo de intervenciones, en medio de la polémica por la omisión de los más de 100.000 inscriptos.
La posibilidad de judicialización por su carácter regresivo y su colisión con otros artículos constitucionales, que obtura el objetivo de seguridad jurídica para las inversiones que se propondría la reforma, es el principal argumento de las voces antagonistas a la propuesta. Además de los argumentos que insistieron en las consecuencias ambientales de la flexibilización de controles, también se remarcó el carácter interjurisdiccional de las decisiones distritales sobre cada glaciar.
Audiencia pública por la Ley de Glaciares
Entre las voces que se opusieron a la reforma, se encontró Vanina Basso –secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa-, quien recordó que en su provincia existe «una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel. Es una historia de decisiones unilaterales aguas arribas que generaron desertificación, pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de poblaciones». «Cuando se debilitan los controles, se fragmentan las reglas y se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables», subrayó.
A ella se le sumó la exdiputada nacional Marta Maffei, una de las autoras de la vigente ley. «Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley», contrastó e indicó que la reforma «tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y glaciares con el pretexto de la producción».
A su turno Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que «me tocó negociar ocho años el acuerdo de Escazú, que se basa en varios principios que no se respetan acá» y criticó que con la sanción de la ley «no va a haber más presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad porque las provincias van a establecer lo que les parezca«. Asimismo, rechazó que antes de esta iniciativa no existía un federalismo, porque actualmente las provincias «pueden ser autoridad de aplicación, hacer evaluación de impacto ambiental, dar licenciamiento ambiental y recibir regalías».
Una postura media fue presentada por el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera planteó que la actual ley «es defectuosa y no coincide con lo asesorado en el IANIGLA», dado que «el ambiente periglaciar está mal definido en la ley y es abstracto jurídicamente». Aún así, dijo que «el inventario de glaciares está bien hecho con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar y debe ser revisado por los habitantes que están en las provincias». A pesar de ello, dijo que la propuesta que tuvo media sanción en el Senado «hay algunos puntos que están inconclusos»: pidió modificaciones técnicas en el artículo 2°, 4° y 6°.
El respaldo de la reforma fue dada por el ministro de Producción de San Juan Gustavo, Emilio Fernández, quien sostuvo que «la geografía nos define y la minería nos resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades» por lo que «la posibilidad de inversiones que realiza la minería en infraestructura vial, energética y en general para el desarrollo de las demás actividades productivas«. En ese marco, dijo que para el uso eficiente del agua, lo más conveniente es desarrollar un sistema de riego mecanizado para el uso agrícola, que acapara el 81% de los recursos hídricos de la provincia.
