Las deudas de la Justicia
COMPRAS DIRECTAS Y EL MEGAFRAUDE
Las causas conocidas como “compras directas” y “megafraude” siguen sin resolución pese a que llevan procesos de más de 10 años en la Justicia.
Las «compras directas” y el «megafraude”, son dos causas que no tienen aún una resolución judicial pese a que llevan más de diez años peregrinando por las distintas instancias judiciales.
Ambos expedientes han transitado por los intrincados caminos de la justicia, y aunque sobran los indicios y las pruebas de los delitos cometidos recolectados a lo largo de una década, ninguna de las dos causas ha llegado a la etapa del juicio oral y público.
«Compra directa”
El expediente se abrió en 2004, por una denuncia penal del entonces diputado Fidel Sáenz, actual subsecretario de Asuntos Municipales. Durante la gestión como subsecretario de Acción Social de Víctor Brandán, en los últimos nueve meses de 2003, el gobernador de la provincia era Oscar Castillo, cuando la repartición aún estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social que comandaba Pablo Doro, se realizaron compras directas de elementos para asistencialismo por unos 27 millones de pesos. Las compras se desdoblaban en subcompras con el propósito de no superar las sumas establecidas como tope para ese tipo de procedimientos. Ni el Tribunal de Cuentas ni la Justicia pudieron determinar si los artículos adquiridos habían llegado en efecto a los destinatarios formales.
En un importante porcentaje, tampoco pudieron establecer si habían ingresado a los depósitos del organismo. El 73% de las compras directas habían beneficiado a una decena de empresas constituidas con el único fin de venderle al Estado, muchas de ellas pocos días antes de celebrar su primer contrato. Los indicios de cartelización entre las firmas eran muy fuertes.
La causa recayó en el fiscal Exequiel Walther, quien en 2011 indagó a Brandán, Doro y otros ex funcionarios y en 2012 la elevó a juicio. Walther señaló que la investigación se hizo más difícil debido a la sugestiva desaparición de elementos de prueba. Artilugios legales interpuestos por los imputados postergaron esta instancia hasta la fecha.
«Megafraude”
El megafraude fue revelado por una investigación de El Ancasti en octubre de 2004. Fue el primer caso de corrupción en la recién iniciada gestión de Eduardo Brizuela del Moral, quien había jerarquizado el área de Desarrollo Social con el fin de diferenciarse de su antecesor, Oscar Castillo. Desarrollo Social estaba estigmatizada por el escándalo de las «compras directas” y el «negocio del hambre”. En aquel momento, El Ancasti ventiló las supuestas maniobras fraudulentas, al advertirse que el Estado costeaba cursos de perfeccionamiento, los cuales no se realizaban o tenían un número de asistentes que era inferior al real.
En la trama aparecieron involucradas dos fundaciones que eran contratadas para dictar las capacitaciones.
Las sospechas estaban, además, centradas en la asombrosa celeridad con la que expedientes de entre $130.000 y $270.000 eran pagados. Es por eso que están imputados ex funcionarios y empleados del Ministerio Hacienda.
Esta situación, en principio irregular, fue el detonante para que los empleados de las áreas de Tesorería y Contaduría General también fueran investigados.
En ese momento, Brizuela del Moral apartó del cargo a Córdoba Molas y a Regina. Luego, designó a Marta Torres de Mansilla.
La causa cuenta con diez imputados: se trata del ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión gubernamental de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, por 24 hechos; el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, por 24 hechos; el ex presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante (13 hechos); el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu (11 hechos).
La medida alcanza también a Nancy Madueño, una ex empleada de Desarrollo Social (24 hechos), y a funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda. En este sentido, está involucrado el ex contador de la Provincia, Juan Andrés Barrios (24 hechos); la ex subcontadora general, Susana De la Colina (24 hechos) y los ex empleados Cristina Barros de Voget (24 hechos), Guillermo López (24 hechos) y Liliana Jalil de la Barrera (24 hechos).
