La alianza radical barrionuevista aprobó ayer el salariazo docente a partir de la modificación de los índices que establecen el valor que tiene cada uno de los cargos que existen en la estructura educativa. En caso de aplicarse, el aumento en el valor del cargo impacta directamente en los sueldos de los docentes que, de acuerdo con el proyecto, se otorgaría en tres etapas. El oficialismo pedía que el proyecto volviera a comisión para profundizar el estudio pero no tiene la mayoría en la Cámara baja. Además, hubo solo 6 diputados del FV que expresaron su negativa en el momento de la votación, trece estuvieron ausentes. La crisis oficialista fue palpable en el recinto por la ausencia de los diputados que responden al vicegobernador Dalmacio Mera y a la Renovación Peronista.

La sesión tuvo momentos de tensión y cruces de alto voltaje por la presencia en la sesión de docentes y dirigentes del gremio de ADUCA y de los Jubilados Autoconvocados. El FCS ejerció una fuerte defensa del proyecto a partir de la argumentación de los diputados Víctor Luna, Raúl Giné y Marita Colombo que atacaron cada uno de los puntos por los que el Gobierno y los gremios docentes se opusieron al nomenclador. Cecilia Guerrero (FV) fue la espada más contundente que tuvo el oficialismo. Consideró que la Legislatura no tiene facultad para establecer la política salarial del Gobierno. Sostuvo que la ley 4.192, que establece el nomenclador docente y que fue sancionada en 1984, quedó derogada a partir de la modificación de la Constitución provincial que establece en el artículo 149, inciso 10, que es facultad del Poder Ejecutivo «fijar la política salarial en el área de su competencia”. Guerrero puso en evidencia que durante toda la gestión del FCS se modificó el nomenclador docente a partir de decretos del Poder Ejecutivo y nunca recurrió a la ley 4192 que «ahora se pretende desempolvar”.

La legisladora levantó su voz y se apoderó del micrófono para imponerse a los duros reproches que llegaban desde la barra y terminó su primera intervención con una fuerte arenga política en la que acusó al FCS de pretender desestabilizar el Gobierno (Ver aparte).

«Mi pasado me condena”, respondió el ex ministro de Educación Raúl Giné que había sido aludido por Guerrero como uno de los que firmó los decretos en la gestión del FCS. Junto a su par Víctor Luna insistieron en que en 1997, Catamarca era cuarta en el país por el salario de sus docentes. Y señalaron que desde 2013, a partir de la gestión del FV, ocupa el lugar 23 en el ranking nacional.

«El maestro de grado de jornada simple que recién se inicia percibe un haber de bolsillo de $ 4.529, no llega al salario mínimo vital y móvil al que se refiere la Presidenta de la Nación, que es cercano a los $ 4.600”, fundamentó Giné.

En ese contexto, negó que se trate de un salariazo. «La aprobación de la modificatoria a la Ley 4192 es una recomposición por el mismo cumplimiento de la Ley», agregó.

Luego, presentó los propios cálculos que hizo el FCS para negar que el incremento implique un aumento excesivo. Recordó que está previsto que la ley se aplique en tramos. El primer tramo se debe aplicar a los 60 días de promulgada la ley, el segundo es a los 180 días y el último, a los 360 días.

El primer tramo prevé un incremento en el puntaje de los cargos de 60 puntos, y un punto para el valor de las horas cátedra del secundario y el terciario. Es decir, que el aumento para el maestro de grado de jornada simple en su básico es de $ 975; para el secundario implicaría en el cargo testigo, que son 15 horas, solo un incremento de $ 243.75, y para el cargo testigo del terciario, que son 12 horas, $ 249; fíjense lo escandaloso del salariazo», remató.

Según los cálculos que realizó el FCS, el primer tramo, con una estimación de 14.680 docentes en la Provincia, el gasto mensual sería de $ 12.986.428 y no de $ 28 millones como expresaron los ministros Ricardo Aredes y José Ariza. Para el primer semestre implicaría un gasto $ 90.232.675. Para el segundo tramo, el incremento costaría $ 117.382.525 en seis meses y no $ 366 millones, según el Gobierno.

Giné cuestionó a Educación al recordar que otorgó casi $ 5 millones en subsidios para entidades deportivas presididas por dirigentes del FV.

También, mencionó la ejecución presupuestaria para señalar que existe una situación de superávit que permitiría otorgar el incremento.

Fuertes críticas hubo para los gremios docentes que no acompañaron la propuesta. La diputada Marita Colombo lamentó la actitud de los sindicalistas que se alejan de las bases por estar cerca de la patronal. Dijo que el Poder Legislativo vino a responder por «la incompetencia de la convocatoria a paritarias porque pasaron 2 años y 9 meses sin que se conozcan resultados de esas reuniones».