Inteligencia Artificial: el Senado comenzará mañana el análisis de una iniciativa para imponer “controles y principios rectores”
Los asesores de la comisión de Ciencia de la Cámara alta comenzarán a analizar una iniciativa del peronista disidente Juan Carlos Romero. Permisos y prohibiciones para revisiones biométricas
La ola cada vez más alta generada por la aparición y aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) llegará mañana al Senado: asesores de la comisión de Ciencia comenzarán este martes con el análisis de un proyecto presentado por el peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas-Salta) para establecer “controles y principios rectores para el desarrollo, implementación y utilización de sistemas”, que incluye permisos y prohibiciones para revisiones biométricas.
Hay cinco principios rectores en el proyecto: “crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar”; “transparencia y explicabilidad -sic-”; “robustez, seguridad y protección”; “colaboración y Supervisión Humana”; y “Responsabilidad y Rendición de Cuentas”.
En otro tramo del articulado se sugiere considerar de “alto riesgo” a los sistemas de IA que sean utilizados para fines como seguridad en la gestión y funcionamiento de infraestructuras críticas -control de tráfico y servicios esenciales-; educación; evaluación de candidatos, toma de decisiones sobre ascensos o ceses de relaciones laborales; envío o priorización de servicios de respuesta a emergencias, incluidos bomberos y asistencia médica; investigación penal y seguridad pública; gestión de la migración y control de fronteras; y sistemas de identificación biométrica, entre otras cuestiones.
Un punto no menor se registra en el artículo 10, que desactiva “el uso de sistemas de identificación biométrica remota -en tiempo real- en espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley, salvo en que dicho uso sea estrictamente necesario para alcanzar uno o varios de los objetivos siguientes: la búsqueda selectiva de posibles víctimas concretas de un delito, incluidos menores de edad; la prevención de una amenaza específica, importante e inminente para la vida o la seguridad física de las personas de existencia visible o de un atentado terrorista”; y “la identificación y el reconocimiento de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC), o el que lo reemplace”.
En los fundamentos del proyecto, Romero manifestó que las “experiencias y datos de otros países evidencian la imperante necesidad de una regulación clara y efectiva en materia de Inteligencia Artificial”. En esa línea, detalló: “Varios países han tomado medidas legales y políticas para enfrentar los desafíos asociados con la IA y garantizar su uso ético, transparente y responsable. Estas experiencias han sido y son valiosas referencias para adecuar nuestra legislación nacional”.
“La falta de transparencia de los sistemas de Inteligencia Artificial genera desconfianza y limita la rendición de cuentas”, señaló Romero. Y agregó: “El objetivo es que los desarrolladores y proveedores involucrados en el ciclo de vida de los sistemas de IA proporcionen explicaciones claras y comprensibles sobre cómo llegan a sus decisiones, y que los procesos y algoritmos sean accesibles y auditables por la Autoridad de Aplicación. Esto permitirá una mayor confianza en el uso de la Inteligencia Artificial y facilitará la detección y corrección de posibles errores o sesgos”.
