Fue elevada a juicio la causa del Megafraude de Desarrollo Social
La Cámara de Apelaciones a cargo del juez Raúl Daprá, resolvió enviar a juicio la causa conocida como el “Megafraude de Desarrollo Social”, que tiene como imputados a e exfuncionarios y empleados del área, como también a referentes de fundaciones acusados de defraudar económicamente al Estado provincial durante el gobierno del Frente Cívico y Social.
Es importante recordar que la causa comenzó a investigarse hace once años, y por distintos recursos y apelaciones presentadas ante la Justicia por parte de los imputados, la misma no llegaba a plenario, es decir, a resolverse en un debate oral y público.
Según lo que se explicó, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la resolución del juez de Control de Garantías y al pedido del fiscal de Instrucción, Ezequiel Walther, lo que significa que la causa llegará a juicio con todos los imputados involucrados en la misma.
Fuentes judiciales indicaron a El Esquiú.com que ha habido una media docena de apelaciones por parte de los imputados, lo que ha obligado a la Justicia provincial a resolver cada planteo, con las consecuentes demoras que estas maniobras conllevaron.
En este sentido, con este paso procesal, ya se habrían agotado los recursos y desde la Cámara de Apelaciones se resolvió que la misma sea enviada a juicio, con todos los imputados que originalmente estaban involucrados; pese a que algunos de los acusados habían sido oportunamente sobreseídos -medidas dictaminadas por el Juzgado de Control de Garantías que ahora quedaron nulas-.
No ha lugar
Según se informó, desde ese organismo no se hizo lugar a las nulidades y apelaciones que fueron presentadas en el último recurso -recordemos que la causa fue elevada a juicio el año pasado- , ya que se consideró que las mismas fueron “dilatorias”, es decir, que la única finalidad que tenían era ganar tiempo.
Cabe mencionar que el juez Edgardo Álvarez se apartó de la causa por su amistad con Nancy Madueño, una de las imputadas.
La decisión de la Cámara ha sido confirmar la resolución del juez y el pedido del fiscal de Instrucción y elevar la causa a la cámara.
Según se explicó, la naturaleza de la resolución, formalmente, no es recurrible, pero podría aparecer un recurso que pueda ser tratado por la Corte, es decir, una casación.
Acusación
Los imputados deberán responder en juicio por el delito de fraude contra la administración pública, y los acusados de haberlo cometido son el exsecretario de Desarrollo Social durante la primera gestión gubernamental de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, que llegará acusado por 24 hechos de fraude. Lo mismo deberá hacer el exdirector de Políticas Juveniles, Ariel Regina, por 24 hechos; la exempleada de Desarrollo Social Nancy Madueño (también por 24 hechos); y funcionarios que se desempeñaban en el ministerio de Hacienda: el excontador de la Provincia, Juan Andrés Barrios; la exsubcontadora general Susana De la Colina, los exempleados Cristina Barros de Voget, Guillermo López y Liliana Jalil de la Barrera; cada uno de ellos acusados por 24 hechos de corrupción.
Además, entre los acusados se encuentran Carlos Arriazu, el titular de la fundación “Jóvenes en Progreso”, imputado por 11 hechos y Hugo Diamante, quien presidía la organización denominada “IDEIA” y que deberá sentarse en el banquillo de los acusados imputado por un total de 13 hechos.
La causa pasó por numerosas instancias judiciales que dilataron los tiempos para ser elevada a juicio, ya que a finales de abril de 2010, el juez de Control de Garantías, José Antonio Carma ya la había elevado a juicio, aunque sólo comprometía a Córdoba Molas, Regina y Carlos Arriazu.
En aquella oportunidad se dictó el sobreseimiento para el resto de los imputados en forma total y definitiva.
Pese a esto, el fiscal instructor de la causa, Ezequiel Walther, apeló esta medida considerando que todos los involucrados debían ser enviados a juicio, puesto que de la investigación realizada surgió que hubo omisiones en los controles que debían llevar a cabo los acusados, que facilitaron y propiciaron la trama de corrupción.
Modalidad
Según se desprende de la investigación preparatoria penal, los acusados habrían organizado una serie de capacitaciones, por las cuales cobraban al Estado provincial abultadas sumas de dinero; pero las mismas no se dictaban, o en el caso de llevarse a cabo, no asistía la cantidad de personas que figuraba en los papeles, y por las que se cobraba el dinero.
El presunto desfalco en el que habrían incurrido los imputados ocurrió durante 2004 y le costaron a las arcas provinciales un total de 4 millones de pesos.
Fuente: elesquiu.com
