Esta mañana en el Salón de Acuerdos «Fray Mamerto Esquiú” de Casa de Gobierno, representantes de diferentes organismos del Estado rubricaron el Protocolo de Actuación Integral sobre la Trata de Personas.

Firmaron el documento el ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi; el ministro de Desarrollo Social, Justo Daniel Barros; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales; el subsecretario de Asuntos Institucionales, Gustavo Aguirre; el subsecretario de Familia, Augusto Barros; la coordinadora del Programa Anti Impunidad, Ana Laura Romero; el director de Derechos Humanos, Ernesto Castrelos; y el jefe de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, Oficial Principal Jorge Seco.

Al respecto, Gustavo Aguirre sostuvo que el protocolo «formaliza expresamente una práctica que se viene realizando en articulación entre distintos organismos de la provincia, con relación a los procedimientos en casos de trata de personas”. Y aclaró: «Recordemos que la trata de personas es un delito federal que es investigado por la Justicia  Federal, por el cual la Provincia, a través del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, intervienen como órganos auxiliares”.

La rúbrica del documento obedece a «formalizar el protocolo para dejar por escrito bien establecido cuáles son los roles y las competencias de cada uno de los organismos intervinientes ante un caso de esta naturaleza”, explicó el funcionario y destacó: «De esta manera, estamos a la vanguardia en el país ya que se trata del primer protocolo de carácter integral que se hace en la Argentina, a través de esta articulación entre organismos y las fuerzas de seguridad en complementación con la tarea que hace el Juzgado Federal”.

De este modo, el funcionario dio detalles sobre los resultados de la aplicación de este procedimiento: «En los últimos 12 meses hemos participado en cuatro procedimientos que se desarrollaron en Belén, Tinogasta, Andalgalá y Las Esquinas, en el departamento La Paz, logrando rescatar a 15 personas, que en su totalidad eran oriundas de otras provincias”.

Por su parte, el subsecretario de Familia, Augusto Barros, explicó en qué consiste el Protocolo: «Inicia con la detección de la situación a través de las fuerzas policiales en conjunto con la Justicia Federal; a partir de ahí comienza un camino, en el que participa Desarrollo Social, el Programa Anti Impunidad, Asuntos Institucionales, hasta la reinserción de la mujer o el niño/niña que ha sido rescatado, es decir, todo el proceso de detección, rescate, contención, asistencia psicológica, médica y social a través de evaluadores del Centro de Atención y Derivación de Desarrollo Social, precisamente para sustraerlos del conocimiento generalizado. Luego se sigue con el proceso judicial, bajo la contención de Desarrollo Social y la División de Trata de Personas hasta la reinserción de la víctima, trabajando con los familiares”.

En este sentido, el funcionario hizo hincapié en que el Protocolo busca «no re victimizar a las personas que estuvieron presas de este sistema perverso”, explicando que las mismas son consideradas principales testigos de un delito federal y es esencial preservar su identidad e integridad física bajo un protocolo de confidencialidad.

Prevención y capacitación

Del mismo modo, los funcionarios señalaron que desde el inicio de la gestión el Ministerio de Gobierno viene impulsando instancias de capacitación sobre la temática en los diferentes organismos estatales. «Vamos a cerrar este año el día 25 con un encuentro, donde van a participar agentes de otras provincias, y que se denominará ‘Catamarca le dice NO a la Trata’”, informó Aguirre sobre el evento, el cual busca poner en conocimiento la situación general de este flagelo y aunar criterios de formación de agentes públicos y profesionales.

En forma complementaria, el Programa «Catamarca con todos” ha realizado acciones de prevención en los barrios, escuelas y localidades del interior provincial que ha visitado. A su vez, se han rubricado convenios con los municipios de Pomán, Santa María, San José (Santa María), Capital y Los Altos, y se puso en marcha una línea 0800 «para recibir denuncias y brindar asesoramiento a personas que anónimamente deja información sobre casos que puedan ser de trata de personas”.