Escándalo en la UCR: los diputados expulsados seguirán en el bloque radical

Se dobla pero no se rompe. Así está en estos momentos el bloque radical tras la decisión del Tribunal de Ética de expulsar a los diputados Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat, por acompañar con el voto proyectos claves del oficialismo como los vetos a la Ley de Movilidad Jubilatoria y a la Ley de Financiamiento Universitario.

A pesar de ser echados, los radicales «con peluca», advirtieron que permanecerán en la bancada de la UCR. El argumento es claro: para el presidente del bloque y el resto de las autoridades, no hace falta ser afiliado al partido para formar parte del grupo de diputados radicales. De hecho, es algo que ya ocurre con dirigentes de otros partidos como José Tournier.

En síntesis: el bloque de la UCR conservará los 20 integrantes que hoy conforman ese espacio parlamentario.

El conflicto comenzó cuando el el Gobierno nacional logró asegurar el respaldo necesario para mantener los vetos a las leyes que proponían modificar la movilidad jubilatoria y ampliar los recursos destinados a las universidades nacionales, gracias a los votos de tres legisladores sancionados por «grave inconducta» por la UCR. La sanción fue el resultado de un fuerte cuestionamiento interno dentro de la bancada radical, que se ha visto dividida por las decisiones de estos tres diputados aliados a los libertarios, que actuaron en sintonía con el oficialismo.

La decisión de los legisladores Campero, Arjol y Picat de alinearse con el Ejecutivo desató una ruptura significativa en la UCR, provocando la creación de un nuevo bloque dentro de la bancada radical. Este bloque, denominado «Democracia para Siempre», fue conformado por una docena de legisladores que responden a las figuras de Facundo Manes y Martín Lousteau, quienes se distancian de las decisiones tomadas por los tres expulsados.

El Tribunal de Ética de la UCR resolvió la expulsión de los legisladores por lo que consideró «grave conducta partidaria», una decisión firmada por los referentes Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, con el respaldo de la mayoría interna. Ricardo Barrios Arrechea, en representación de la minoría, también firmó la resolución, aunque con desacuerdos.

A pesar de la sanción, los tres legisladores rechazaron la medida y anunciaron su intención de apelar la expulsión ante las autoridades partidarias. El legislador Campero fue particularmente enfático al señalar que el motivo de su expulsión se debía a sus esfuerzos por dar «herramientas» al presidente Javier Milei para alcanzar el equilibrio fiscal. En su descargo, acusó a Lousteau y Manes de tener una visión política «muy cercana al kirchnerismo» y de no haber apoyado la Ley Bases, una de las principales reformas impulsadas por la oposición.

Por su parte, el dirigente Ricardo De Loredo calificó la sanción como «ilegítima, arbitraria y parcial». A través de sus redes sociales, denunció que la medida de expulsión reflejaba más una disputa interna dentro del partido que un intento por cumplir con un rol ético. En ese sentido, criticó que la UCR, en su versión actual, pareciera estar más interesada en ajustes internos que en mantener su histórica tolerancia democrática y la coherencia con los valores que siempre la caracterizaron.