El Gobierno habilitó la búsqueda de funcionarios y trabajadores estatales con deudas impositivas

En un contexto de recesión y caída de la actividad económica debido a las medidas de Nación, el Gobierno habilitó la búsqueda de deudores impositivos que sean parte de la administración pública dentro del Ejecutivo y los organismos descentralizados y que paguen los tributos.

Esa es la idea que se desprende del decreto 444 del Ministerio de Economía emitido durante la semana pasada. El instrumento en cuestión permite a la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) solicitar información sobre el personal que tenga un vínculo contractual con el Estado para “corroborar la situación y estado de cumplimiento fiscal, a fin de gestionar la efectiva percepción de los tributos”.

Esta medida, cabe acotarlo, también alcanza los prestadores de la OSEP. Es que, en caso de no presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal, abrirá “la retención de los pagos correspondiente a dicho profesional, socio o asociado hasta que regularice su situación”.

En lo concreto, el decreto publicado en el Boletín Oficial establece que la ARCA “podrá requerir al Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos que remita, en un plazo de 5 días, la nómina de funcionarios, personal permanente y no permanente de la Administración Pública, Centralizada o Descentralizada y con quien el Estado provincial mantenga un vínculo contractual, a los efectos de corroborar la situación y el estado de cumplimiento fiscal, a fin de gestionar la efectiva percepción de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales”.

En esta línea, también le permite a la Agencia requerir “a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) informe de los prestadores de la salud a los mismos efectos”.

En el caso particular de la obra social, el instrumento indica que “requerirá semestralmente a los colegios profesionales, círculos, asociaciones de profesionales o prestadores de la salud y/o similares la presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente, expedido por ARCA, de cada uno de sus profesionales, socios o asociados que realicen prestaciones con la obra social”.

Sobre este eje advierte: “La falta de presentación del mismo habilitará la retención de los pagos correspondientes a dicho profesional, socio o asociado, hasta que regularice su situación”.

Además, contempla un impedimento para ser funcionario o continuar siéndolo, dentro del Ejecutivo, si la persona tiene deudas impositivas. Para el caso, dispone que “todo funcionario del Ejecutivo, para acceder y/o ejercer el desempeño del cargo o función designada, deberá observar el pleno cumplimiento de las obligaciones y cargas impositivas provinciales, cuyo incumplimiento importará una falta grave”.

Eso sí, el decreto abre la posibilidad de que “los funcionarios, autoridades superiores, personal de gabinete y agentes de la administración pública provincial (todos los escalafones), centralizada, descentralizada y entes autárquicos, podrán abonar los impuestos provinciales y todo otro concepto que sea percibido por ARCA, a través de la adhesión al régimen de deducción de haberes”.

En el caso de las personas jurídicas, dispone que previo a otorgar las “ayudas” se deberá corroborar “la situación y estado de efectivo cumplimiento fiscal de sus directivos, socios o representantes legales”.

Dentro de las ayudas se incluyen “las bonificaciones de diversa naturaleza, entrega de subsidios, financiamiento o cofinanciamiento de proyectos, beneficios fiscales, protección a la industria, planes de ayuda y, en general, todo aquello que pueda concretarse desde una política de transferencia de fondos públicos para cualquier destino de utilidad o interés público”.

En tanto, la cartera económica aclara que el decreto comenzará a tener vigencia a partir del 1 de julio. A la vez, invita a adherir al Poder Legislativo (senadores y diputados), al Poder Judicial y a las municipalidades.