El Gobierno dispuso que los presos sin ocupación realicen tareas generales de mantenimiento en las cárceles
La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. El nuevo tope alcanzará al 5% de los prisioneros.
Según detalló el Gobierno, anteriormente el tope de presos que podían acceder a estas tareas era de 61,28%, lo que refleja una disminución considerable. Desde la cartera de Bullrich aseguraron que la medida «busca eliminar privilegios, ordenar el sistema penitenciario y garantizar que el trabajo real y el esfuerzo personal sean condiciones necesarias para acceder a un ingreso».
La resolución se enmarca en el programa Manos a la Obra, lanzado en octubre del año pasado por Bullrich, que busca reestructurar el esquema de trabajo penitenciario. “No vamos a aceptar que se cobre por no hacer nada. Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días. Distinguir entre quienes cumplen y quienes no es el primer paso para recuperar una sociedad ordenada y segura”, afirmó Bullrich.
La medida también apunta a eliminar la figura del “fajinero”. Ya se dieron de baja a 750 puestos de fajina que son avaladas por la justicia.
Por último, la resolución detalla que la dirección nacional del Servicio Penitenciario Federal deberá informar «en forma mensual a la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios» las sumas de dinero destinadas al pago en concepto de peculio por la realización de actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social y por la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones.
El Gobierno prohibió los centros de estudiantes en las cárceles federales
Además del régimen de trabajo, el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich también dispuso, semanas atrás la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Además, también se prohibió la permanencia de las personas privadas de la libertad «en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos».
Según explicaron en el texto de la resolución, uno de los fines de la ejecución de la pena privativa de la libertad es «el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia». En ese sentido, desde la cartera de seguridad justificaron que «la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social».
La reestructuración que busca llevar adelante Bullrich enfrento una de sus primeras resistencias el pasado martes 1° de abril cuando reclusos de la cárcel de Devoto iniciaron un motín durante la noche en protesta por la decisión. La revuelta se produjo en los pabellones 1 y 5 de la prisión, donde los internos quemaron colchones y sábanas, además de colgar varias banderas en las ventanas.
“Tenemos derecho a la educación 1985-2025”, se podía leer en una de las banderas que colgaban de los barrotes de la cárcel, ubicada en la calle Bermúdez 2651, en el barrio porteño de Villa Devoto. Otra de las pancartas decía: “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”.
