El Gobierno avanza en la sanción del Presupuesto 2026, mientras el peronismo responde con su proyecto de reforma laboral
La Libertad Avanza oficializó su estrategia parlamentaria con convocatorias a las dos Cámaras. El justicialismo legislativo se respalda en el sindicalismo.
Reforma laboral: el peronismo busca que se discuta su proyecto
“A nuestra conducción no le interesa oponerse sin presentar nada”, señalaron desde el kirchnerismo legislativo que, en conjunto con gobernadores peronistas y dirigencia sindical, elaboraron un plan inicial de ocho puntos para la reforma laboral: reducción paulatina de la jornada laboral, recomposición salarial, garantías para trabajadores de plataformas, articulación de convenios colectivos, participación en las ganancias de grandes empresas, derecho a la desconexión digital, creación de comités de salud y seguridad en las compañías y aumento de la licencia parental. Estos últimos dos apartados tuvieron dictamen en 2023, con otro oficialismo nacional.
Consultada por los cambios de tiempos políticos, una diputada de Fuerza Patria ratificó la agenda laboral del principal bloque opositor: “Si uno tiene una convicción tiene que levantarla todo el tiempo y sostenerla como bandera, en una de esas la vas a plantar”. En simultáneo, el oficialismo en el Senado convocó para el martes 16 de diciembre una reunión de Labor Parlamentaria en la que definirá la conformación de comisiones para el tratamiento de su proyecto de reforma, que provoca un impacto en vacaciones, horas extras, salarios básicos, indemnizaciones, huelgas y estatutos profesionales. Proyecta llevarlo al recinto ese mismo jueves.
Fuerza Patria tampoco descarta obtener respaldos de bloques provinciales y exponen argumentos: la reducción de costos empresariales no garantizan la contratación de empleo registrado y las últimas medidas flexibilizadoras aprobadas en la ley Bases (entre ellas, la extensión de período de prueba) no revirtió la tendencia de caída de trabajadores, que presentaron una pérdida de 276.624 puestos formales entre noviembre del 2023 y agosto del 2025 según el CEPA. Incluso, apuntan a una contradicción en la narrativa oficialista, luego de que las estimaciones privadas adviertan que la reasignación del 3% de los aportes patronales hacia el Fondo de Asistencia Laboral generaría un costo fiscal en torno a los u$s2.500 millones.
El malestar en algunos despachos –como le señaló la salteña Flavia Royón a Ámbito– también se extendió por el cúmulo de propuestas extralaborales que se introdujeron en el proyecto, convirtiéndolo en una ley Bases II: exenciones impositivas a inmobiliarias, reforma de la fuente de financiamiento de la actividad cinematográfica y deducciones de IVA a la provisión de energía eléctrica para el sector agroindustrial. De todas formas, los números de bancas favorecen a La Libertad Avanza que, sin sorpresas, está a cuatro votos de la sanción en el Senado y a 16 en Diputados, que puede obtener de sus alianzas provinciales. El tiempo, por los feriados de fin de año y por la escueta ventana de esta primera etapa de sesiones extraordinarias, podría estar del lado opositor.