Advirtió que este escenario es crítico «institucionalmente» y que se agudizó en el mes de agosto de este año por el «persistente derrotero al que resulta sometido el Poder Judicial». En este marco, indicó que desde el 31 de agosto se han cursado ocho notas al Ejecutivo advirtiendo de la situación económica. «Todas las notas tenían el mismo objetivo, peticionar que se refuercen los créditos presupuestarios de las partidas asignadas a gastos en personal en tanto el crédito disponible resulta insuficiente para realizar el pago de los haberes del personal del mes de octubre, noviembre, diciembre y segunda cuota del sueldo anual complementario», advirtió, añadiendo que el Ejecutivo “envía los fondos en fechas determinadas de manera arbitraria que no permiten una correcta y oportuna previsión del gasto por este Poder Judicial”.

Para la Corte local, «la gravedad actual es acuciante, dado que la respuesta del Ejecutivo es técnicamente negar los fondos necesarios», con el fundamento de la ley de presupuesto en uno de sus artículos establece que el Ejecutivo “otorgara, de resultar necesario, el crédito presupuestario a los poderes Legislativo, Judicial y Tribunal de cuentas para afrontar el gasto de personal, hasta cubrir la misma pauta salarial establecida por el Poder Ejecutivo para los empleados de la Administración pública».

Para los miembros de la Corte, «queda patente que el Poder Judicial está sometido a un tope salarial que establece el Poder Ejecutivo, condición a la que queda sujeto el otorgamiento del crédito presupuestario para que funcione en forma independiente el Poder Judicial».

Para contrarrestar los planteos del Gobierno, la Corte informó que durante este año se otorgaron cuatro readecuaciones salariales de 14, 25, 15 y 20 por ciento, totalizando un acumulado de 96,66%, «todo ello teniendo presente que la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor determinado por el INDEC para el mes de octubre fue del 123,2% para la región Noroeste».

Añadió que el Poder judicial, en todos los anteproyectos de presupuesto, incluso para el ejercicio 2024, dio cumplimiento a los lineamientos definidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, “esto implica que el porcentaje de recomposición salarial se realiza con estricta sujeción a las técnicas contables que prescriben el INDEC».

Finalmente, el máximo tribunal local afirmó que ante esta situación «se deben implementar medidas tendientes a revertir la grave situación institucional por la que transita este Poder judicial y en orden a ello, debe hacerse conocer a la Junta Federal de cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Corte de Justicia de la Nación».