Dura condena al exjuez Walter Bento en Mendoza por liderar una banda que cobraba coimas
Tras dilaciones y pedidos de la defensa, el tribunal dictó una pena de 18 años de prisión contra el ex magistrado, que deberá pagar una multa de $540 millones; la sentencia alcanza a su familia
MENDOZA.- El tribunal que había condenado el martes por corrupción al exjuez federal mendocino, Walter Bento, dispuso este viernes las penas correspondientes. Así, después de dilaciones y pedidos de última hora de la defensa, determinó que el exmagistrado deberá cumplir una pena de 18 años de cárcel por ser el jefe de una banda que cobraba coimas para beneficiar a presos. Además, tendrá que pagar una multa de $540 millones . En tanto, su esposa, Marta Boiza, y su hijo Nahuel fueron condenados a seis años y cinco años de prisión, respectivamente.
El fallo se conoció a las 21, tras una larga audiencia de cesura, bajo el nuevo Código Procesal Penal, que debía concluir el miércoles o, a más tardar, el jueves, tras el pedido de pena de la Fiscalía, que contemplaba 18 años de prisión para Bento y una multa de $750 millones, además del decomiso de una veintena de propiedades y vehículos a la familia.
Sin embargo, los reclamos de nulidades del proceso y los pedidos de beneficios, como prisión domiciliaria, que exigían los representantes legales de Bento y los demás acusados, llevaron a las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, a demorar la resolución, incluso permitiéndoles volver a declarar y decir sus últimas palabras.
Los abogados del exjuez solicitaron cinco años de prisión, con detención en su hogar, sin el pago de la multa. Además, volvieron a pedir que su defendido pueda estar presente en el cuidado de Facundo, su hijo discapacitado. “Facundo y Walter tienen que estar juntos”, señalaron los abogados de Bento, los doctores Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.
El exjuez Bento, por tercera vez en la semana, tomó la palabra. “Es una causa trágica, que ha mellado no sólo a quienes estamos imputados sino a quienes integran el núcleo familiar de cada uno. No tenga nada más para decir. Como confío en la Justicia, voy a seguir luchando; no voy a bajar los brazos”, fue la última frase del exmagistrado en el banquillo, para darle lugar a su mujer, conectada vía zoom.
“No voy a hacer uso de las palabras”, señaló Boiza. Minutos antes, lo hizo su hijo, Nahuel. “Este proceso, todo lo que involucra, ha arruinado mi vida. Permítanme rehacerla. Simplemente eso”, expuso el joven.
El martes, después de dos años y medio de juicio, el tribunal dio a conocer el duro veredicto de responsabilidad penal de Bento y de una veintena de imputados, entre los que se encontraban su mujer y su hijo, ambos con puestos laborales en el fuero federal, desde donde se montó la “organización criminal”, según indicó el tribunal en la sentencia. Comprobó que se cometieron los delitos de asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros. “Hubo corrupción judicial. Bento utilizó su cargo de juez como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”, sostuvo el tribunal en el anticipo de los fundamentos.
Así, después de rechazar los planteos y de escuchar a cada uno de los sentenciados en la megacausa, las juezas detallaron el tiempo que deberán permanecer tras las rejas todos los culpables.
Ahora, la defensa tomará el camino de las apelaciones al fallo en las instancias superiores, confiada en que se revertirá la decisión de las tres juezas, que fueron implacables con la red de corrupción que se montó en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Mendoza.
El exjuez, quien se encuentra detenido desde fines de 2023 en el penal de Cacheuta, fue acusado de comandar una asociación ilícita junto a familiares, abogados, un exjefe policial y un supuesto socio que fue asesinado en 2020, entre otros miembros. A todos se los acusó de haber obtenido pagos ilegales de presos de delitos graves, como narcotráfico y contrabando, a cambio de beneficios en sus expedientes, ya sean arrestos domiciliarios o libertades.
La defensa aseguró que se trató de una causa armada por cuestiones políticas y no descansó en pedir nulidades durante todo el proceso, al tiempo que adelantó que recurrirá la decisión en la Cámara de Casación o en la Corte Suprema, de ser necesario.
En tanto, el clan familiar enfrentó la acusación de haberse enriquecido y lavar dinero procedente de los sobornos, con los que realizó cientos de viajes, compró inmuebles y vehículos, además de realizar inversiones.