DNU: la Justicia dio curso al amparo de 500 intendentes, que respaldó un catamarqueño

El juez Enrique Lavié Pico, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6, le dio curso a una acción de amparo presentada por el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, en representación de unos 500 intendentes de todo el país, buscando que se declare la “inconstitucionalidad” del megadecreto. Entre quienes respaldaron la presentación judicial impulsada por la FAM hay un catamarqueño. Se trata del intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada (Unión por la Patria), quien reemplazó en la gestión de la ciudad cabecera departamental al actual diputado nacional Sebastián Nóblega.

Según precisó la FAM, el magistrado, que levantó la feria judicial el jueves y dio vía libre a la tramitación por separado de cada presentación judicial que se haga contra el decretazo, dio curso a la acción presentada el primer día hábil del año, donde se pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023, “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”. El presidente de la Federación había precisado que se solicitó “que se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto, hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”, es decir, hasta que la Bicameral defina el destino de megadecreto.

Espinoza encabezó, en la sede de la FAM, una sesión con sus pares de forma presencial y virtual, donde se acordó el día de la presentación del amparo, que fue el martes 2 de enero, cuando el decreto del Ejecutivo ya estuviera vigente. “Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno Nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos”, explicó Espinoza tras la presentación judicial.

En el pedido de acción de amparo se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99, inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”. “Pero para ello, y sin la intermediación -como corresponde- del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país”, indica

A su vez se sostuvo que el DNU “viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público” y se destaca que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.