Diputados: opositores cuestionaron la prórroga de la emergencia
En la sesión de ayer en Diputados la oposición se hizo eco del anuncio del gobernador Raúl Jalil de que se tomó la decisión de prorrogar por cinco meses más, y por única vez, la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa. La decisión despertó fuertes críticas, principalmente desde la bancada radical, más allá de que el mandatario está facultado a extenderla por lo dispuesto en la Ley en vigencia.
Los cuestionamientos los inició Tiago Puente, quien repudió y rechazó “la prórroga de la ley de emergencia, es realmente inaceptable que bajo el supuesto de la emergencia económica el gobierno haya incurrido en irregularidades durante este año como, por ejemplo, continuar realizando nombramientos discrecionales violando la propia ley que prohíbe el ingreso de nuevos agentes públicos”. “Esta emergencia no es más que un mecanismo de control y empobrecimiento”, remarcó el opositor.
Luego, el diputado que preside el partido centenario, Alfredo Marchioli, sostuvo que no existe “una administración ejemplar” en la Provincia puesto que en todo caso “no estaríamos situación de emergencia económica”. Sobre este eje, indicó que existe hipocresía en el Gobierno al tener “un marco normativo de emergencia económica que limita al estado a ejecutar ciertos gastos y de pronto hubo cinco o seis viajes de comitiva de funcionarios con ningún tipo de propósito concreto”. Así, el legislador aludió al anuncio de Jalil para deslizar una crítica en tono irónico: “Dicen ‘voy a prorrogar la emergencia económica porque hay que ser prudente con las arcas del Estado’ pero en el presupuesto 2025 plantea que va a haber un incremento de 260 puestos laborales de planta permanente cuando está prohibido por la emergencia económica”.
Por otra parte, durante la sesión se dio media sanción por mayoría (La Libertad Avanza no acompañó) a la modificación del artículo 57 del Código Procesal del Trabajo (Ley 4799), iniciativa que busca proteger los derechos de trabajadores del sector privado en casos de incumplimientos empresariales. La impulsora de la iniciativa, María Argerich (FT), como miembro informante comentó que la propuesta responde al caso de TextilCom, firma que recibió subsidios estatales pero cerró de manera intempestiva dejando a sus trabajadores en situación de vulnerabilidad.
La oficialista explicó que se propone un nuevo inciso al Código que permite a los jueces embargar bienes de empresas que incumplan con sus obligaciones laborales después de haber recibido ayuda del Estado provincial. “El objetivo es garantizar que, en caso de que un empleador no cumpla con el pago de salarios o indemnizaciones, o cierre su fábrica sin las formalidades requeridas, se puedan embargar sus bienes para cubrir las obligaciones pendientes con los trabajadores afectados”, detalló. El presidente del bloque libertario, Adrián Brizuela, adelantó que el espacio iba a votar en contra con el argumento de que el proyecto era redundante ya que “pretende establecer una causal más para solicitar el embargo preventivo sujeto a que se hayan recibido, o no, subsidios del Estado provincial”.
Argerich refutó esa posición indicando que la nueva disposición le permitirá a “los jueces contar con una herramienta más eficaz contra los empleadores que pretendan aprovecharse de la ayuda gubernamental”.
