Diputados: los principales bloques de la oposición piden sesión especial por la movilidad jubilatoria
Se coordina la oposición en Diputados para presionar a La Libertad Avanza y al PRO en el recinto. Una sesión simbólica contra el veto de Javier Milei con el principio de revelación y una ventana de negociación por el Presupuesto 2025.

El objetivo de Javier Milei
Por eso la Libertad Avanza de Javier Milei ya trabaja para que la oposición no junte los dos tercios: para ello debe reunir 86 votos, si es que los 257 legisladores estuvieran presentes en el recinto de sesiones. La atomización de los bloques de Unión por la Patria (UP), la UCR, PRO y hasta Encuentro Federal, sumado al rol clave de los gobernadores, abren en el Senado un escenario de incertidumbre con más complicaciones que en la Cámara de Diputados.
LLA deberá salir a pescar apoyos entre los gobernadores. Por ejemplo, los tres diputados nacionales por Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo estuvieron ausentes en la sesión en Diputados cuando se aprobó la movilidad jubilatoria que aumenta 8,1% las jubilaciones. La bancada Innovación Federal también podría aportar votos para el oficialismo al igual que los diputados de Rogelio Frigerio por Entre Ríos y el chubutense Jorge Ávila alineado con Ignacio Torres, que se encuadran en Encuentro Federal de Miguel Pichetto.
El mensaje con el veto presidencial ingreso a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados este lunes y recibió giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social. La Cámara de Diputados cuenta con 257 legisladores, es decir que si todos estuvieran presentes el próximo miércoles, la oposición necesitaría llegar a 172 votos. Cuando se votó la ley en el recinto, se aprobó con 160 votos a favor, 72 en contra, 16 ausentes y 8 abstenciones.
En los considerandos del decreto de veto el Gobierno señaló que el proyecto sancionado por el Congreso «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento». También indicó que la ley de Administración Financiera es clara al «exigir» de forma expresa que «toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento».
El Gobierno argumentó para rechazar la ley que si se llega aplicar generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para el 2024 y de 15 millones billones para el 2025, que «equivalen al 1,02 por ciento del PBI calculado para el año en curso; y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante». Y marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5% del gasto de ANSES para 2024 y de 29,2 para 2025.

