Diego Spagnuolo: «¿Quién me grabó? No se los voy a decir»

Cuando aparecieron audios que sugerían que la hermana del presidente también había sido grabada, se encendieron todas las alarmas y se convocó, el viernes, a un comité de crisis con todos los asesores jurídicos del Gobierno.

Desacuerdos en el comité de crisis

La propuesta más suave que se tiró sobre la mesa era la de denunciar, en sede penal, un espionaje como un delito de acción pública. Sin nombres. Solo con el argumento de que la Secretaria General de la Presidencia había sido registrada, de forma subrepticia, en la Casa Rosada. Pero pasado el mediodía, cerca de las 12.30, Viola anunció que Fernando Soto había interpuesto una demanda en el fuero civil y comercial federal para evitar la difusión de los audios a través de una cautelar. Nadie se logra explicar por qué acudieron a ese fuero. Pero peor, por qué aceptó el magistrado tomar el caso que involucra a una funcionaria pública.

Se agarraron la cabeza dos veces: la primera cuando Soto –asesor de Bullrich- respondió que había pedido habilitar días y horas inhábiles. Eso significaba que quien estaba de turno era el juez Juan Stinco. La segunda cuando supieron que había recaído, finalmente, en Marianello, multidenunciado por acoso laboral pero, para peor, por acoso sexual en varias oportunidades. Y que sus expedientes estaban a consideración del Consejo de la Magistratura. Los de acoso laboral a cargo del representante del Ejecutivo Sebastián Amerio y los de índole sexual bajo la órbita de Luis Juez. Marianello, competía a su vez para camarista del fuero y su blindaje en el Consejo estaba sostenido por alfileres hasta antes del escandaloso fallo que censuró la difusión de audios.

Con citas de dudosa calidad jurídica Marianello se inmoló. No se sabe por qué causa. Si con la esperanza de lograr un ascenso o con la intención de presionar para remover el testimonio de una de las testigos en el expediente por acoso laboral que declaró contra el juez, una muy proba funcionaria judicial que resulta ser nada menos que la hija del Jefe de Gabinete Guillermo Francos. Si algo de esto tuvo una planificación, está años luz de concretarse.

Según pudo saber Ámbito, la medida cautelar que prohibió a los medios de comunicación en su conjunto difundir los audios está camino a ser revocada por la Cámara Civil y Comercial Federal cuando le toque el turno de opinar. No es difícil explicar que va contra la Constitución. El futuro de Marianello como juez queda sin red ante un Consejo de la Magistratura obligado a tomar posición.

Bullrich juntó a sus enemigos

En la faceta penal se ve el trazo de Bullrich que, desatendiendo consejos, metió en un mismo escrito a varios de sus enemigos históricos. Firmó Soto. Nadie más quiso hacerlo. Más allá de la torpeza política (y jurídica) de haber incluido allanamientos a periodistas, apuntó contra el ex espía Fernando Pocino –a quien tiene en la mira desde el caso Maldonado-, a Franco Bindi, pareja de la diputada que supo integrar las filas libertarias Marcela Pagano pero además con proyección geopolítica y relación con el régimen de Nicolás Maduro y a Pablo Toviggino, mucho más que sólo el tesorero de la AFA. Y a Rusia que terminó contestando por vía diplomática, lo que agigantó el ridículo.

La ensalada de enemigos propios que Bullrich incluyó en la denuncia –aprovechando el desconocimiento y la paranoia de los Milei para anotarse un punto en la interna– terminó por maniatar las chances de la vía judicial, en la que Stornelli debió hacer una pirueta para poder dar impulso. En el fondo, no saben si existió un “empleado infiel” que grabó, si Casa Militar no pasó el scanner semanal para evitar cableados en los despachos o si directamente es una puñalada entre los propios.

Como en el meme del “hombre araña”, todos se apuntan entre sí: los Menem –“Lule” y Martín- apuntaban a Caputo. El asesor presidencial y su gente buscaban poner paños fríos y la denuncia penal para que se investigue si habían sido grabados de forma ilegal era lo único que podía calmar a “El Jefe” y al Presidente. Martín Menem iba solo por la cautelar para poner un torniquete a la sangría de audios y creen que si la operación fue interna el caso podría pegar la vuelta e impactar en Mario Lugones, a cargo de Salud e íntimo de Santiago. Están seguros que la voz de Karina fue registrada en algunas de las reuniones que la hermana presidencial mantenía en despachos del Congreso con miembros de LLA. Fomentan la teoría del topo interno. Porque esas reuniones eran de a uno.

En el Ejecutivo no están tan seguros porque asistieron a reuniones con más personas y la Secretaria General y porque escudriñan la “suciedad” del audio que denota distancia con el objetivo. Los mandaron a analizar por su cuenta.

Como si fuera poco, en el mercado de los laboratorios se frotaban las manos con todo el escarnio: la caída en desgracia de Suizo Argentina de los Kovalivker, dicen en estricto off, los libera del circuito que les juntaba la cabeza para poder venderle al Estado. Antes de todo esto, Spagnuolo le decía a quien quisiera escucharlo que “los Menem” eran los que impedían una auditoría integral en el ANDIS. Él jamás hizo acto administrativo alguno para impulsarla.

El topo que venía a destruir el Estado se encontró frente al topo que intenta destruir al Gobierno.