El ex ministro de Salud, Pablo Doro; el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Brandán; el ex encargado de depósitos, Omar Guillermo Martínez; y la ex encargada del Servicio de Contaduría, Carlina Argentina Zurita deberán comparecer ante la Justicia a partir del próximo martes 25 de junio, fecha en la que se iniciará el juicio por la causa conocida como «Compras directas», que inició en 2004 tras una investigación de El Ancasti. Hay una quinta imputada, que falleció hace dos meses.
La causa quedó en manos de la Cámara Criminal de tercera nominación, y según trascendió el tribunal estaría integrado por los jueces Marcelo Soria, Juan Rosello, Rodolfo Bustamante y el fiscal Ezequiel Walter. En abril de 2017, cuando se confirmó que la Cámara Criminal nº3 llevaría adelante el juicio, el tribunal lo integraban Soria junto a Jorge Palacios y Patricia Olmi, mientras que Rubén Carrizo iba a ser el fiscal de Cámara.

A los imputados Doro, Brandán, Martínez y Zurita se debe sumar la ex directora de Servicios Administrativos, Teresa del Carmen Miñaura de Siarez, que falleció en marzo pasado.
El 25 de junio la Justicia tendrá la oportunidad de avanzar con una causa que ingresó al carrusel hace 15 años, cuando se comenzaron a investigar las compras realizadas por la entonces Subsecretaría de Acción Social por $27 millones para asistencia social. Más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezarle a vender al Estado.

El resto se había resuelto en los últimos 35 días de Brandán como funcionario. A valores actuales, las compras, realizadas en 2003, superarían los 400 millones de pesos en artículos de primera necesidad, alimentos y hasta juegos didácticos.
Todos los implicados están acusados de fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
En el juicio, Doro deberá dar explicaciones por siete hechos: dos en carácter de coautor y cinco como partícipe necesario; Brandán lo hará por 12 hechos, todos en carácter de coautor; Carlina Zurita, por siete hechos en carácter de partícipe necesaria; y Guillermo Martínez, por un solo hecho, en carácter de partícipe necesario.

La elevación a juicio había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones en noviembre de 2016, luego de que se rechazara el último pedido de prescripción realizado por la defensa de uno de los involucrados.

En esa oportunidad, no solo se rechazaron los planteos de los abogados de los acusados. Además, se solicitó a la Fiscalía que investigue a los proveedores que estuvieron involucrados en las compras que se realizaron durante la gestión de Víctor Brandán.
El juicio ya había sido solicitado en dos oportunidades por el fiscal de Instrucción Nº 4 (ex fiscal de Delitos Criminales), Ezequiel Walther, la última de ellas en octubre de 2014. La denuncia la había realizado el por entonces diputado y hoy secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz.

Antes, en 2012, la causa se había elevado a juicio y había sido confirmada por Control de Garantías, pero debió ser reformulada por errores administrativos.