Adicciones, derechos y campaña, ejes del debate por un control de droga a funcionarios

Ayer, en la sesión de Diputados, el oficialismo y la oposición discutieron en torno a un proyecto que busca implementar exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios de los tres poderes y a candidatos en instancias electorales. La iniciativa, impulsada por Hugo Ávila (FAC), puso sobre la mesa una serie de cuestiones sobre el tema: desde la necesidad de “ejemplaridad” en quienes ocupan cargos públicos hasta la defensa de la intimidad y los derechos constitucionales. Este sería el primero de dos debates, ya que se resolvió retomar la discusión sobre el proyecto el 15 de octubre, poco más de una semana antes de las elecciones.

“La pelea contra el narcotráfico requiere de una firme convicción y es muy difícil que a esas convicciones las tengan aquellos que padecen la enfermedad de la adicción a drogas ilegales”, abrió el debate el opositor de extracción justicialista y autor de la iniciativa. Ávila también indicó que en “los últimos tiempos se ha incrementando el consumo de drogas en las propias fuerzas de seguridad” y por ello incluyó en el proyecto “la necesidad de que las fuerzas tengan la obligatoriedad de realizarse este tipo de análisis”.

Como la iniciativa estaba siendo tratada sobre tablas con aval del bloque peronista, la oficialista María Argerich (FT) planteó preocupaciones sobre su extensión y naturaleza. En esta línea, aclaró: “Nadie está en contra, por eso el bloque levantó la mano para dar la discusión, pero creo que hay muchísimos puntos que analizar”, para luego proponer que el proyecto vuelva a comisión. Desde el bloque “peluca”, Generación del Cambio, Silvana Carrizo también consideró importante un estudio minucioso “para que después no sea una norma que nos lleve a judicializar situaciones concretas”.

En este sentido, la opositora consideró que algunos de los artículos podían entrar en contradicción con derechos constitucionales como la intimidad, la privacidad, la igualdad y la no autoincriminación, entre otros. Durante su alocución, Carrizo no solo sugirió mejoras, como por ejemplo considerar un protocolo de confidencialidad, sino que también expresó su desacuerdo de volver a enviar el proyecto a Comisión sin fecha concreta para que baje al recinto. Por eso, propuso tratamiento preferencial para el 15 de este mes.

A su turno, el presidente del bloque oficialista, Gustavo Aguirre, dijo que se compartía en líneas generales “que en la gestión pública no puedan ingresar o estar personas con consumo problemático que pueda afectar la eficiencia del servicio”. Sin perjuicio de eso, evaluó que una de las falencias del proyecto es “que está basado en un viejo paradigma del abordaje que se tiene respecto al consumo de drogas”. “No se puede mezclar y confundir a un consumidor con un narcotraficante”, remarcó el oficialista para advertir que, si lo aprobaban, se podía caer “en varias inconstitucionalidades”.

“El consumo de drogas en adultos no está penalizado, sino que pertenece al ámbito de la autonomía personal”, reseñó Aguirre. En tanto, el titular de la bancada radical, Alfredo Marchioli, rescató que los diputados estaban “de acuerdo con los propósitos y objetivos que tiene el proyecto”, aunque, al igual que los otros legisladores, consideró que “no podemos comprometer ese buen propósito a que después sea declarado inconstitucional”. Luego, Nicolás Zavaleta (FT) deslizó que no se podía “permitir que la irresponsabilidad de una campaña electoral pretenda ponernos a todos nosotros como seres humanos en una situación de no pretender luchar contra un flagelo que golpea a todo el mundo”.

Sobre ese eje, Aguirre lamentó que Ávila confunda y se pare “desde un paradigma totalmente viejo del abordaje de las adicciones”. “Intentan dar este debate a tres semanas de una elección buscando poner a determinados dirigentes como si fuese que estamos siendo cómplices”, deslizó el oficialista para rematar: “El autor del proyecto claramente piensa que todos los catamarqueños que tienen algún problema de adicción o de salud mental son delincuentes”.

Así las cosas, a pesar de las diferencias y las discusiones sobre la constitucionalidad y la visión del proyecto, se terminó aprobando la propuesta de que la iniciativa baje al recito para el 15 de octubre.