A mediados de febrero, el Tribunal de Cuentas emitió un fallo por el que condena a la gestión anterior de la Secretaría del Agua y el Ambiente a la devolución de $322.633 que no fueron justificados y que hoy equivaldría a $1.380.869. El cargo corresponde a la rendición de cuentas de un trimestre del año 2011. La sanción alcanza a Nora Martínez, quien se desempeñaba como subsecretaria del Ambiente, y a Oscar Adolfo Doering, que en ese momento era el secretario del Agua y el Ambiente, junto a otros funcionarios de esa gestión.

El fallo por unanimidad condena como responsables solidarios de la Secretaría del Agua y el Ambiente a Viviana del Valle Cruzado, ex directora de Administración; Raúl Alejandro Merep, quien estaba a cargo del departamento Tesorería; Nora Martínez y Oscar Doering a reintegrar $320.198, importe que devengará un interés a tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina desde el momento del fallo hasta su efectivo y total pago.

Ésta es la sanción más relevante del fallo y está justificada porque en la rendición de cuentas se observa un egreso abonado por la suma de $320.198 a la concesionaria NOBLE S.A. que no tiene respaldo documental, pese a haber sido requerido. Hay que tener en cuenta que conforme a la evolución del precio del dólar, ese monto equivaldría en la actualidad a $1.370.448. Es decir que a valores de 2011 podrían haberse adquirido al menos dos vehículos.

Los miembros del Tribunal de Cuentas señalan que no fue aceptado el descargo presentado, ya que los ex funcionarios siguieron sin adjuntar la documentación respaldatoria.

En otro punto de la resolución se condena a los mismos funcionarios a reintegrar a la hacienda pública la suma de $2.435. En este caso el cargo se relaciona con las irregularidades en la rendición de viáticos y comisiones de servicios que se realizaban desde el área. Así, por ejemplo, se observa que se cargaba el gasto de comida cuando en realidad no correspondía que los funcionarios computen ese gasto como parte de las comisiones de servicio y por lo tanto los ex funcionarios son obligados a devolver los montos que fueron acreditados como tal.

Además, por unanimidad de votos, el TC ordenó sancionar a la ex directora de Administración, Viviana Cruzado, y al ex tesorero, Raúl Alejandro Merep, con una multa equivalente a seis días del haber del cargo que detentaban al momento de producidos los hechos en los que se detectaron algunas irregularidades relacionadas con los trámites administrativos de las rendiciones de cuenta.

En este caso, uno de los cuestionamientos más graves es porque se observó la rendición de un certificado de obra correspondiente a la obra de perforaciones para proveer de agua potable a la localidad de Medanitos, Tinogasta. La obra había sido adjudicada a la firma Isacons Construcciones, de Antonio Salado Greco. En ese marco se observó que en la liquidación del gasto se efectuó una retención del 3%, en concepto de fondo de reparo, por la suma de $5. 929, cuando en realidad correspondía una retención por el 5% ($ 9.883). Es por eso que se formuló un reparo por $3.953, monto que corresponde a la diferencia entre ambas sumas. Los responsables en su descargo reconocieron que hubo un error de cálculo y ya vencido el plazo de garantía del Fondo de Reparo, no fue necesaria su utilización por parte de la hacienda pública.

Como ya se explicó en otras oportunidades, las multas que aplica el Tribunal de Cuentas quedaron desactualizadas. Es así que Viviana Cruzado tendrá que abonar una multa por $1.831 y a Raúl Merep le corresponderá $1.453.

La resolución establece que los cargos y las multas que fueron fijados deberán ser pagados dentro de los diez días de notificados del fallo en la secretaría de Gestión Administrativa del Tribunal de Cuentas.

 En septiembre de 2016, el organismo emitió una resolución  que alcanzaba al ex intendente Pablo Názar (FV) y al ex secretario de Hacienda del municipio que debían reintegrar $5.342.220 a la hacienda pública. La auditoría fue la base para una denuncia en la Justicia en la que Názar quedó imputado.

 También se condenó al ex intendente de Tinogasta, Simón Quintar (FCS), a reintegrar $1.000.000.

 En noviembre del año pasado, el organismo condenó a ex funcionarios de Desarrollo Social por la comida para asistencia social que había sido hallada en un chiquero para cerdos. El proceso demoró 8 años y la suma a reintegrar a la hacienda pública fue de $38 mil pesos.

 Las multas «irrisorias» que aplica el organismo son porque la legislación del organismo establece que las multas y los cargos  deben ser con los valores vigentes en la época en que ocurrieron los hechos.