Denuncian al IPV por viviendas defectuosas entregadas en Belén
Las viviendas, que ya presentarían una serie de falencias, fueron entregadas a fines de diciembre pasado. Pero la mala calidad de la obra los alcanzó a todos.
Adjudicatarios del barrio 40 viviendas Artaza de Belén intimaron al administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Dante López Rodríguez, a que en un término perentorio de tiempo el organismo se haga cargo de la reparación de las casas entregadas el 27 de diciembre de 2013. Es que según consta en la carta documento remitida por los damnificados belichos, las viviendas por las que pagan una cuota de $800 por mes presentarían serios problemas edilicios, además de una mala nivelación del terreno donde se encuentra situado el barrio.
Con la representación legal del abogado Mario Nieva, los pobladores belichos le dieron 72 horas hábiles al IPV para que resuelva la problemática que afrontan las 40 familias.
“Todas las casas presentan falencias. A la mala construcción hay sumarle los materiales de segunda calidad utilizados”, disparó Nieva en declaraciones .
A su vez, sostuvo que no le sorprende el padecimiento por el que atraviesan los pobladores del Oeste catamarqueño. “Éste es el resultado de la cartelización de la obra pública, porque al eliminar la competencia y los controles de calidad de las construcciones, sucede lo que está pasando ahora”, afirmó Nieva.
La empresa que edificó las viviendas es Plan Constructora, la cual pertenecería a Julio Aybar.
Con la representación legal del abogado Mario Nieva, los pobladores belichos le dieron 72 horas hábiles al IPV para que resuelva la problemática que afrontan las 40 familias.
“Todas las casas presentan falencias. A la mala construcción hay sumarle los materiales de segunda calidad utilizados”, disparó Nieva en declaraciones .
A su vez, sostuvo que no le sorprende el padecimiento por el que atraviesan los pobladores del Oeste catamarqueño. “Éste es el resultado de la cartelización de la obra pública, porque al eliminar la competencia y los controles de calidad de las construcciones, sucede lo que está pasando ahora”, afirmó Nieva.
La empresa que edificó las viviendas es Plan Constructora, la cual pertenecería a Julio Aybar.
Problemática
“Los serios problemas que hasta ahora se evidenciaron en las viviendas desde que las habitamos, los cuales aparentemente tienen su origen –entre otros- en defectos de la construcción, mala calidad de los materiales usados u omisión de uso, desniveles de los terrenos, falta de previsión y de cumplimiento de las condiciones de construcción previstas en la operatoria, todo lo cual nos está tornando un suplicio diario habitarlas, provocándonos perjuicios en nuestra salud, gastos extras en agua, remedios y otros. Hacemos saber también que prácticamente no contamos con agua potable, y menos aún, presión para su funcionamiento”, subraya un párrafo de la carta documento enviada a López Rodríguez.
En la intimación, se advierte que deben tomarse las medidas necesarias para empezar a realizar los trabajos de «refacción y correcto acondicionamiento» de las mencionadas viviendas, bajo apercibimiento de quedar el IPV configurado en la figura penal de estafa, prevista en el artículo 172 del Código Penal «por haber aprobado el organismo a su cargo (por López Rodríguez) construcciones defectuosas» y haber entregado las casas en malas condiciones, permitiendo que se escatimen materiales o se utilicen de «muy baja calidad», toda vez que el organismo certificó y aprobó los defectos que hoy están a la vista.
“Los serios problemas que hasta ahora se evidenciaron en las viviendas desde que las habitamos, los cuales aparentemente tienen su origen –entre otros- en defectos de la construcción, mala calidad de los materiales usados u omisión de uso, desniveles de los terrenos, falta de previsión y de cumplimiento de las condiciones de construcción previstas en la operatoria, todo lo cual nos está tornando un suplicio diario habitarlas, provocándonos perjuicios en nuestra salud, gastos extras en agua, remedios y otros. Hacemos saber también que prácticamente no contamos con agua potable, y menos aún, presión para su funcionamiento”, subraya un párrafo de la carta documento enviada a López Rodríguez.
En la intimación, se advierte que deben tomarse las medidas necesarias para empezar a realizar los trabajos de «refacción y correcto acondicionamiento» de las mencionadas viviendas, bajo apercibimiento de quedar el IPV configurado en la figura penal de estafa, prevista en el artículo 172 del Código Penal «por haber aprobado el organismo a su cargo (por López Rodríguez) construcciones defectuosas» y haber entregado las casas en malas condiciones, permitiendo que se escatimen materiales o se utilicen de «muy baja calidad», toda vez que el organismo certificó y aprobó los defectos que hoy están a la vista.
Verificación
El abogado de los damnificados comentó que representantes de la Secretaría de la Vivienda llegaron hasta el lugar tras la presentación de la intimación por carta documento. Y sostuvo que, en principio, habría voluntad de encarar algunos arreglos. Pero los vecinos del barrio 40 viviendas Artaza exigen al organismo que reparen todos los defectos de obra.
«Lamentablemente, lo que pasa en Belén también sucede en otras localidades del interior. Las empresas constructoras edifican con pésima calidad y el IPV los aprueba», afirmó Nieva.
«Lamentablemente, lo que pasa en Belén también sucede en otras localidades del interior. Las empresas constructoras edifican con pésima calidad y el IPV los aprueba», afirmó Nieva.
Suspensión
Pidieron, además, los adjudicatarios de las viviendas defectuosas la suspensión «del pago de la cuota de las casas», amparados en la figura contractual “Exceptio Non Adimpleti Contractus”.
elancasti.com.ar
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