Las aventuras que tienen en jaque al poder
En el Gobierno admiten que el caso Adorni les terminó de arrebatar la bandera anticasta y ahora dependen más de la economía; las tensiones internas, las disputas en el Congreso y el pacto con la Justicia
Son días extraños en la cúpula del poder. Por la Casa Rosada deambula el jefe de Gabinete apabullado, sin poder ejercer su rol. Una patrulla desesperada corre tratando de resguardarlo de la ofensiva que opositores y aliados preparan para esta semana en el Congreso. El ministro de Economía toma distancia, cansado de que la política eclipse los indicadores positivos que busca exhibir. Los otros ministros fingen demencia y siguen su rutina como si no los arrastrara la crisis más extensa y dañina desde que llegaron al poder.
Y en la punta de la pirámide, desconcierto; impotencia; silencio. Javier Milei se encerró en Olivos y redujo al mínimo las actividades públicas en las últimas dos semanas. El martes 9 fue la última vez que pisó la Casa Rosada para una serie de actividades protocolares, y el miércoles 17 recibió en la quinta presidencial a una delegación del Banco Mundial. Recién ayer reapareció en Rosario.
En su reclusión autoimpuesta habló con pocos funcionarios y se mostró tensionado. Una persona que lo conoce de cerca describió su interacción en estos días como “espasmódica” e “incómoda”. “Javier se refugió en su intimidad, se replegó más por instinto de supervivencia. Es lo que hace cuando tiene un problema y no encuentra la solución”, describió la fuente. No está claro si en esa soledad del poder, Milei reflexiona posibles alternativas o sólo procesa su ira desde su “emocionalidad intensa” (Patricia Bullrich dixit).
Durante ese repliegue, su hermana Karina actuó como su emisaria en la tierra para mantener la consigna de que Manuel Adorni no se va, y de que hay que resistir el intento de desestabilización del periodismo y la oposición. Cada vez le resulta más difícil la misión. Absolutamente todos los actores del oficialismo, desde el conjunto de los ministros hasta los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), imploran para que se termine de una vez este calvario que los tiene paralizados, sin poder salir en los medios, sin avanzar en la agenda legislativa y sin poder instalar un debate público más favorable. Es más, sienten que se están consumiendo el bono social que siempre otorga la expectativa del Mundial. La inmolación colectiva en el altar de las convicciones del líder está generando un malestar subterráneo que no tiene otro destino que la catarsis. Todos le deben sus cargos y sus bancas al mismo Milei. Fin.
En la Casa Rosada miran el impacto del affaire Adorni desde dos perspectivas. Por un lado, el daño objetivo en la imagen del Gobierno y del propio Milei. Según sus mediciones, tocaron el piso a fin de mayo, cuando la percepción positiva cayó al 33%, un indicador que amenazaba con perforar por primera vez el tercio que siempre sostuvo su apoyo al Presidente. En las últimas semanas, ese indicador se recuperó hasta el 38%, demostrando que es una variable dinámica y modificable. Esta interpretación mantiene vigente las chances de reelección el próximo año.
Sin embargo, hay una segunda lectura más profunda, que ya arroja una dinámica irreversible. Los últimos sondeos que aterrizaron en el Gobierno exponen con crudeza que en su defensa irrestricta de Adorni, Milei está terminando de perder una de sus banderas principales, que era la lucha contra la corrupción de la vieja casta que él vino a someter. “Hay variables cualitativas rotas. La construcción de Javier Milei como un político distinto, transparente, aferrado a sus convicciones, está muy dañada. Si nuestra ventaja competitiva era ser distintos del sistema político, hoy ya nadie nos votaría por eso. Esto nos hace mucho más dependientes de lo económico, un plano en el que estamos evolucionando muy bien”, sintetiza un referente del espacio.
Frente a este panorama, el viernes se produjo la primera reacción política desde que a principios de marzo se conocieron los viajes del jefe de Gabinete y se desató el vendaval. La designación del diputado Adrián Ravier fue una decisión personal de Milei que el resto de los actores del Gobierno conoció apenas un rato antes de su difusión. Comparte con él el entusiasmo por la economía y por la escuela austríaca, aunque han sabido tener fuertes diferencias en el pasado. Prueba de ese vínculo es que fue el propio Presidente el que pidió que lo incorporaran a la Fundación Faro. Aceptado por las dos facciones de la interna oficial, su nombramiento como vocero sirvió para calmar los nervios previos. Un anticipo de la guerra que se desatará el día que haya que definir al sucesor de Adorni.
Uno de los objetivos de la elección de Ravier es que se convierta en un traductor amigable de los logros económicos para el público. Implícitamente representa la admisión de que el Gobierno se encamina hacia una narrativa más monotemática. La idea es que en el discurso oficial haya más estadísticas y menos lucha anticasta; más indicadores de inversión y balanza comercial, y menos batalla cultural. Así como el actual gabinete se volvió más endogámico y homogéneo en comparación con el original, también el discurso libertario apunta a una simplificación y depuración. Al fin de cuentas, el principal mandato que recibió Milei fue el de mejorar la economía, y será la variable por la que lo evaluarán el próximo año.
Un condenado sin verdugo
Al dilema que representa Adorni para el Gobierno, esta semana se incorporará el Congreso al juego de las paradojas: todos piensan que debería irse, pero nadie quiere aparecer como responsable de ajusticiarlo. Es como un condenado sin verdugo. Milei ya dio señales de que está dispuesto a protegerlo hasta donde pueda. En su entorno reconocen que si el Congreso avanza con una moción de censura, prefiere que sean los legisladores quienes lo tumben antes que pedirle él anticipadamente la renuncia para evitar ese vía crucis. Le permitiría acusar a la oposición y a los falsos aliados de golpistas y desestabilizadores por utilizar por primera vez desde la reforma constitucional de 1994 la facultad de apartar al jefe de Gabinete por vía legislativa.
En los bloques oficialistas, especialmente en el Senado, dicen que la ofensiva opositora tiene número suficiente para voltearlo, entonces le sugieren al Gobierno que lo desplace previamente para evitar una sangría. No es la ilusión de sus vidas tener que defender en público a un Adorni que quedó socialmente cancelado. Como reseñó un legislador libertario, “todos queremos tener existencia política después de este episodio”.
Los gobernadores aliados, contactados por la patrulla desesperada que integran Diego Santilli y Lule Menem, cavilan y dan señales indescifrables. No quieren pagar el costo de quedar pegados al kirchnerismo, pero al mismo tiempo admiten que hay dinámicas legislativas que no controlan. Y el kirchnerismo, que sumado a la izquierda, es el único convencido de avanzar, tiene sus propias diferencias internas y no cuenta con el número suficiente para un impeachment.
Esta semana en el Congreso habrá dos instancias preliminares, el martes en Diputados y el jueves en el Senado, en las que se producirá una superposición de dinámicas. Por un lado, se desatará una discusión reglamentaria del artículo 101 de la Constitución Nacional en torno de si es necesario contar con los dos tercios de los votos (48 en el Senado y 172 en Diputados) o si alcanza con la mayoría absoluta de las cámaras (37 en el Senado y 129 en Diputados) para avanzar con la interpelación y la eventual moción de censura. El oficialismo buscará imponer la primera interpretación y la oposición buscará resistir con la segunda opción.
Pero al mismo tiempo, hay una cuestión de dinámicas legislativas que son muy riesgosas para LLA. Una cosa son las conversaciones individuales y racionales que mantienen con las otras bancadas, y otra distinta se desata cuando arranca una sesión y se produce un efecto contagio a partir del rumbo que adopte el debate. “Si la discusión por la interpelación se dispara, después va a ser muy difícil frenarla para la moción de censura”, evalúan en el bloque oficialista.
Además de definir el futuro de Adorni, una derrota legislativa demostraría que el oficialismo volvió a perder el control del Congreso que había conseguido en la primera mitad del año. Hace un mes LLA obtuvo en el Senado 58 votos para avalar la extensión del pliego del camarista Carlos Mahiques. Fue la cifra más alta de acuerdo que logró para una iniciativa que podría haber generado controversia. Esta semana Patricia Bullrich recordó que integra un bloque de sólo 21 legisladores y que les cuesta mucho sumar adhesiones para esta causa. El efecto Adorni es capaz de angostar el rango de acción en 37 senadores.
Politizados y ajusticiados
Así como el caso del jefe de Gabinete pone en tensión al Gobierno con el Congreso, también desnuda el tirante entramado que ata a la Casa Rosada con la Justicia. El avance de la investigación que tiene a su cargo el fiscal Gerardo Pollicita, por delegación del juez Ariel Lijo, sigue acumulando un caudal de información que estrecha demasiado la posibilidad de que Adorni no sea citado a indagatoria, y eventualmente procesado. ¿Cómo haría el fiscal para no solicitar su comparecencia después del festival de irregularidades y contradicciones que halló? ¿Y cómo podría Lijo eludir ese pedido?
Claro, después habrá que ver los plazos en los que actúan y cómo reaccionan las instancias superiores. Los jugadores finos no se ensucian en maniobras obvias. El morbo que generó el viaje de esta semana de Lijo junto con el ministro Juan Bautista Mahiques probablemente haya sido injustificado. “Si se juntan a cenar una vez al mes; no necesitan irse a París para hablar”, comentó un operador que conoce el vínculo entre ellos.
Esta causa aterrizó en Comodoro Py en el momento de más profunda redefinición de la relación del Gobierno con la Justicia. Después de dos años de zigzagueos, Milei, pero sobre todo Karina, habilitaron una estrategia clara: no habrá revolución de las togas. Así como en otros planos el Presidente es profundamente reformista, frente a los jueces adoptó una postura conservadora. Jamás incluyó a los magistrados en sus críticas despiadadas. Quizás por desconocimiento, tal vez por desinterés, o también por temor, habilitó un entendimiento con la casta de los tribunales, candorosamente definida como la “familia judicial”. Al incorporar como ministro a uno de sus más fieles exponentes, metió a Comodoro Py adentro del Gobierno.
A partir de entonces, se pasó a una fase de cartelización de la Justicia, con dos bandos (no confundir con bandas) disputando, y al mismo tiempo negociando, un tesoro vacante como nunca antes se había acumulado: dos lugares en la Corte Suprema, la conducción de la Procuración General, cientos de juzgados y fiscalías en todo el país, cargos judiciales a granel. Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi, Ricardo Lorenzetti, Santiago Caputo, de un lado; Mahiques, Horacio Rosatti, Karina Milei, Santiago Viola, del otro. Enfrentados, a veces; aliados, otras tantas. En conjunto están reformateando tribunales, pero con las viejas lógicas.
Esta relación se apoya sobre dos dinámicas nocivas que se han naturalizado demasiado: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. Los jueces tienen agarrada a buena parte de la dirigencia en causas de distinto tipo, en general de corrupción. Se evidencia una aceleración de este proceso porque los gobiernos tropiezan cada vez más rápido en las escalinatas de Comodoro Py, por impericia o por codicia. También porque la política perdió la capacidad de dirimir sus diferencias mediante acuerdos, entonces se judicializan hasta los decretos y las leyes.
En paralelo, la política les arranca a los magistrados compromisos varios en su largo camino hasta los tribunales, a través del Consejo de la Magistratura, el Gobierno y el Senado. El mecanismo de controles cruzados que establece la Constitución para el nombramiento de un juez se transformó en un calvario de cuentas a saldar. Son créditos que no se anotan, pero que todos asumen. Ninguno de estos fenómenos es novedoso. Simplemente que ahora se desarrollan muy a la vista. Por eso la imagen pública de la dirigencia política está hermanada con la de los jueces en su declinación infinita.
El caso Adorni es un vector de tensión para todo el sistema. Hacia adentro de LLA, entre el oficialismo y la oposición, entre el Gobierno y el Congreso, y entre funcionarios y jueces. Expone falencias que ya regían, pero que ahora adoptan otra visibilidad.
La sociedad presencia toda esta escena con un sentido de obscenidad que le repugna. Refuerza una noción de ajenidad peligrosa que opera sobre una fractura entre la dirigencia y la gente que en 2023 se resolvió precariamente pero que aún no terminó de soldarse. Ese divorcio nunca es gratuito para un país como la Argentina.
