El oficialismo acelera una sesión en el Senado para aprobar pliegos judiciales y el acuerdo con los fondos buitre
Pese a que sigue la incertidumbre sobre la decisión del Gobierno de frenar algunos pliegos judiciales que pasaron la audiencia pública en el Senado, el oficialismo apura una sesión para aprobar la nómina de candidatos que envió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Sin embargo este martes se dejó trascender que podría haber más candidatos que no tendrían dictamen de la comisión de Acuerdos para llegar al recinto entre los 80 que pasaron por audiencia pública.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, espera que en las próximas horas le entregue el radicalismo una lista de candidatos que no tendrían las firmas para el dictamen y desde la bancada que comandada por el correntino Eduardo «Peteco» Vischi hablan de al menos 6 aspirantes.
En esa lista se incluyen a los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway que fueron propuestos para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y quedaron en el ojo de la tormenta. El primero por sus vínculos con el kirchnerismo y el segundo por haber fallado en la causa en la que Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, fue sobreseído de los delitos de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Otro de los que no llegaría al recinto es el juez Juan Manuel Mejuto, postulado por el Gobierno para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital, cuya nominación generó tensiones y cuestionamientos entre el oficialismo y los aliados por sus supuestos vínculos con el kirchnerismo. Incluso Patricia Bullrich y Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión de Acuerdos, incomodaron con varias preguntas al candidato durante la audiencia pública y la ex ministra de Seguridad aún no firmó su dictamen.
La lista que le llevarían a Bullrich se completa con un candidato para la Cámara de Seguridad Social, otro para la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal y uno de la Cámara de Mar del Plata. No se precisaron los nombres de los postulantes.
A esto se suma que el Gobierno también quiere frenar el pliego de María Verónica Michelli, quien junto a Carlos Fabián Cuesta fue postulada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. En este caso, el ascenso de la candidata podría ser postergado por ser la cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien informó sobre el escándalo cripto y la relación con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hay despacho para pagarle a los fondos buitre
En otro orden, el Senado emitió despacho de comisión a favor del acuerdo para pagarle a un grupo de holdouts un total de US$171 millones. Este proyecto sería parte de la sesión que se convocaría para el jueves 28 de mayo junto al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que el oficialismo espera dictaminar este miércoles.
En principio, la Casa Rosada pudo revertir la controversia generada en el Congreso por el convenio celebrado con los fondos buitre Bainbridge y otro consorcio encabezado por Attestor Value Master Fund, que se iba a tratar en la sesión ordinaria del jueves pasado y que tuvo que volver a comisión por cambios realizados en uno de los anexos del documento.
Para brindar más precisiones, el Gobierno tuvo que mandar al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de este martes a tres funcionarios clave de la negociación. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, el subprocurador Juan Ignacio Stampalija; y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.
De acuerdo a lo explicado por los funcionarios, el primer texto tuvo un error porque durante el proceso de acuerdo hubo una actualización en el listado de bonos, ya que en el documento inicial se incluyeron montos de papeles que estaban prescriptos por la justicia de Estados Unidos. Incluso, los bonistas agregaron otros bonos que no estaban en el texto.
No obstante, los funcionarios aseguraron que el monto no se modifica sino que se mantiene en US$ 171 millones. Además precisaron que en el anexo se incluyeron todos los bonos que van a ser entregados al Estado argentino.