La oposición encuentra en la morosidad familiar una agenda de unidad en el Congreso
Proyectos de representantes de cinco bloques confluyen con el objetivo de alivianar la carga sobre las economías domésticas.
“Se están buscando los consensos aún no hay nada definido”, sintetiza un parlamentario justicialista para Ámbito, mientras que dentro del bloque de Unión por la Patria remarcan que, aunque los proyectos sean evadidos por la estrategia oficialista, “para nosotros lo más importante es que el tema siga en agenda para poder dar respuesta a la problemática. Obvio estamos abiertos a dialogar con otros”. Según pudo conocer este medio, las conversaciones trascienden las bancadas y se dan intercámaras, entre senadores y diputados.
Morosidad familiar: qué proyectos existen
Entre ambas Cámaras, se registraron siete proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la misma urgencia. En el Senado, quien introdujo la propuesta fue el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista), cuyo texto busca establecer un límite mensual a los intereses de las deudas, sujeta a la Tasa Efectiva Mensual Vencida del Banco de la Nación Argentina, así como también a los intereses punitorios, cuyo tope será el 25%.
Desde el mismo bloque, la bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman solicitaron la declaración de emergencia por dos años en materia crediticia de los hogares, impulsando que se adopten «medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas». En ese marco se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que auditaría deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos cuya cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos. Tres diputados del espacio acompañaron también el texto del porteño Santiago Roberto, que busca condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, refinanciamiento del saldo y suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.
Otros 15 miembros de Unión por la Patria, encabezados por la bonaerense Roxana Monzón, elevaron una redacción para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que se propone «facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia» cuando se traten de artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta pretende que las entidades y sociedades prestamistas deban «ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas».
Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos «pasibles de protección especial» y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.
