Ley de Glaciares: el Gobierno busca devolverle el favor a las provincias en el Senado
La reforma de la actual legislación le otorga potestad a los gobernadores sobre los estudios de impacto en las geoformas periglaciares. Aliados piden cambios para apoyar el proyecto. Diputados visitaron a especialistas para preparar el debate en la Cámara baja.
La votación del Senado implementará cambios a la hora de la votación sobre el texto que fue dictaminado en diciembre, al igual que lo ocurrido con la reforma laboral. “Con la nueva redacción, el criterio para que el glaciar pueda ser excluido del ING se vuelve más exigente. Ya no alcanza con la ausencia de una función aislada, sino que debe comprobarse que el glaciar no cumple con las funciones que justifican su protección”, anticipó para Ámbito una de las senadoras de provincias aliadas vinculadas en las observaciones al proyecto oficialista. “El principal escollo es en relación a las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras. Se están evaluando alternativas para dirimir esas cuestiones”, aseguraron desde la UCR.
Ley de Glaciares: diputados ya se anticipan al debate
Esta semana, miembros de tres bloques de la Cámara de Diputados viajaron a Mendoza para participar de una conferencia informativa en la sede central del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo que actualmente se involucra en la confección del ING. Fueron el mendocino Martín Aveiro, la santacruceña Moira Lanesan Sancho y la rionegrina Adriana Serquis (todos de Unión por la Patria), el santafesino Esteban Paulón (Provincias Unidas) y el porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Según pudo saber este medio, la mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza) fue invitada para participar del evento, pero decidió ausentarse.
«Preocupa que los equipos científicos responsables del inventario y del estudio técnico no hayan sido consultados en la elaboración de la reforma que se está impulsando”, planteó Ferraro a Ámbito luego del viaje, considerando que en la redacción existe “una mirada de desarrollo muy centrada en el corto plazo. Se parte de la idea de que los estándares ambientales son un obstáculo y que flexibilizarlos va a acelerar inversiones. Los países que lograron consolidar sectores mineros fuertes lo hicieron con estabilidad jurídica y organismos técnicos sólidos, no bajando estándares sino generando confianza”.
Ferraro también se refirió a la seguridad jurídica al opinar sobre las potenciales fiscalizaciones locales: “Cuando se debilita ese marco nacional el resultado no es más inversión, es más incertidumbre. […] Si cada provincia pudiera reinterpretar el ING según su conveniencia, se rompe el concepto mismo de presupuesto mínimo y se fragmenta el sistema de protección ambiental”.
Por su parte, Adriana Serquis comentó que las reservas hídricas de las geoformas periglaciales «son un bien estratégico común que no pueden tener fronteras provinciales» y consideró que se trata de «un cambio regresivo y anticonstitucional porque las zonas que antes estaban protegidas ahora van a dejar de estarlo por definiciones poco precisas». “Se abre la puerta a la privatización de las fuentes de agua”, planteó más tajante Esteban Paulón, que remarcó que “no hay elementos técnicos que indiquen por qué sería pertinente modificar la legislación actual”.
