Los gremios estatales presionan a los gobernadores para que convoquen a paritarias en las provincias

«Estatales debajo de la línea de pobreza»

En las últimas horas, ATE San Luis reiteró el reclamo por una urgente actualización de los haberes de los trabajadores estatales que, según se aseveró, se encuentran por debajo de la línea de la pobreza e indigencia debido al atraso salarial que sostiene el gobierno provincial y los municipios.

El secretario general de la central gremial, Fernando Gatica, sostuvo que «el gobierno provincial debe dejar la especulación financiera con fondos del Estado, frenar el ajuste salvaje sobre los estatales y garantizar fondos a los municipios». «2026 no puede empezar sin aumento del poder adquisitivo del salario estatal que ha perdido más del 80% frente a la inflación, desde el diciembre del 2023 a la fecha», sostuvo Gatica.

Desde ATE se advirtió, en base a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sobre una línea de pobreza de $1.308.713, que el 70% del personal del Estado provincial está por debajo de esa cifra, porcentaje que es mayor entre los empleados municipales. El último aumento salarial para los estatales fue del 5% y fue anunciado por el propio gobernador en los primeros días de noviembre del año pasado, junto con un bono de fin de año de $450.000. Los estatales expresaron, entonces, su desacuerdo con el incremento por considerar que fue unilateral y que estaba muy por debajo de sus pedidos.

Desde los primeros días de enero Claudio Poggi se encuentra de vacaciones y el próximo lunes 19 retomará sus funciones, por lo que se espera que ese mismo día se notifique del reclamo gremial y adopte una postura. Por cuerda separada, el mandatario puntano forma parte del tándem de gobernadores dialoguistas con los que la Casa Rosada cuenta para lograr la aprobación de la reforma laboral.

Tensión en el sur

El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dispuso una multa millonaria contra la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) por no acatar una conciliación obligatoria vigente durante una medida de fuerza, en junio de 2025, que incluyó un paro de 48 horas y la suspensión de clases.

De acuerdo información oficial, la sanción se aplicó por considerar que el gremio docente avanzó con la protesta pese a la resolución administrativa que ordenaba retrotraer las medidas y abrir una instancia de negociación. La multa fue fijada en más de $126 millones, calculada en base a salarios de referencia establecidos por la normativa laboral provincial.

La sanción se produce un contexto de fuerte enfrentamiento entre ADOSAC y el gobernador Claudio Vidal, en medio de un conflicto docente que lleva semanas sin resolución. Hecha pública la multa, el gremio emitió un documento en que consideró que el gobierno provincial sancionó el ejercicio del derecho constitucional a huelga y que la medida tuvo un carácter represivo, al limitar la posibilidad de reclamar por mejoras salariales, estabilidad laboral y condiciones dignas en el sistema educativo público.

Por otro lado, ADOSAC cuestionó que la resolución del Ministerio de Trabajo no hiciera referencia a incumplimientos oficiales, como recortes en el presupuesto educativo, despidos, precarización laboral, ni modificaciones en el régimen de licencias. También señalaron la falta de mención al respaldo legislativo a iniciativas nacionales que, según indicaron, afectaron el financiamiento educativo, científico y técnico.

Entrevistado en Radio 21, Caleta Olivia, el paritario de ADOSAC, Miguel del Plá, sostuvo que más allá de los cuestionamientos a aspectos técnicos de la sanción, el Ministerio de Trabajo actuó simultáneamente como parte patronal y como autoridad arbitral, en contra de estándares internacionales. «El mismo ministerio que lleva la propuesta salarial como vocero del gobierno es el que después dicta la conciliación obligatoria. Eso no es un árbitro neutral, es juez y parte», afirmó. Para cerrar, la comisión directiva gremial reiteró el pedido de apertura inmediata de paritarias.