Actualizan acusaciones contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que le imputan

 

Un juez estadounidense publicó el listado actualizado de cargos que se le atribuye al presidente venezolano. Fueron la justificación principal de la intervención militar ordenada por Donald Trump.

Un juez federal del distrito sur de Nueva York hizo pública una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, secuestrado por EEUU tras el operativo militar en el país caribeño. Entre otros cargos, lo señala como líder del «Cartel de los Soles», una red criminal que, según la fiscalía estadounidense, utilizó las instituciones del Estado venezolano para traficar toneladas de cocaína hacia EEUU durante más de dos décadas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó además la acusación formal no sellada, en la que sostiene que Maduro encabezó una conspiración criminal durante al menos 25 años para introducir drogas en territorio estadounidense con apoyo de organizaciones armadas y redes delictivas regionales.

La nueva imputación (conocida como «imputación sustitutiva») incluye por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra («Nicolasito»), elevando a seis el número de acusados, junto a figuras clave como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Nicolás Maduro y Cilia Flores, imputados en una acusación ampliada por narcotráfico y uso de armas de guerra.

Nicolás Maduro y Cilia Flores, imputados en una acusación ampliada por narcotráfico y uso de armas de guerra.

Según el escrito judicial, tanto Maduro como Cilia Flores figuran como imputados directos en delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armamento de guerra, lo que agrava el cuadro penal y expone a ambos a penas que pueden llegar a la prisión perpetua.

El documento del juez estadounidense también describe cómo el Cartel de los Soles, que estaría integrado por altos mandos militares venezolanos, habría operado como una «empresa criminal corporativa», donde el Estado actuaba como facilitador logístico, mientras grupos terroristas y carteles mexicanos funcionaban como proveedores y distribuidores. Según la acusación, Maduro y su círculo obtuvieron beneficios económicos a cambio de permitir que estas organizaciones operaran con impunidad en territorio venezolano.

La acusación detalla que el aparato estatal venezolano fue utilizado para garantizar rutas seguras, protección institucional y documentación oficial, incluyendo pasaportes diplomáticos, a integrantes de organizaciones narcotraficantes.

Cuáles son los cargos que se le imputan a Nicolás Maduro

La acusación tiene cuatro imputaciones principales:

  • Narcoterrorismo: Maduro habría usado el aparato estatal para facilitar el tráfico de drogas, aliándose con grupos como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y los Zetas, además de proporcionar protección logística y pasaportes diplomáticos a narcotraficantes.
  • Conspiración para importar cocaína: Se estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela hacia EE.UU. bajo su gobierno.
  • Delitos con armas y artefactos destructivos: Incluye el uso de armamento militar para proteger las rutas del narcotráfico.
  • Uso de la droga como «arma» contra EE.UU.: La fiscalía sostiene que Maduro buscó «inundar» el país con cocaína como parte de una estrategia de confrontación.
Nicolás Maduro, bajo custodia de Estados Unidos, deberá declarar ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro, bajo custodia de Estados Unidos, deberá declarar ante un tribunal federal de Nueva York.

Qué penas podría recibir Nicolás Maduro en EEUU

Los cargos que pesan sobre Nicolás Maduro son de máxima gravedad dentro del sistema federal estadounidense. La acusación incluye conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

En términos penales, la conspiración para importar cocaína contempla una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. El narcoterrorismo, considerado un delito especialmente agravado, puede derivar directamente en prisión perpetua. A esto se suman penas adicionales por corrupción y conspiración criminal, que pueden alcanzar 20 años o más por cada cargo.

El uso y la posesión de armas de guerra añaden agravantes severos: según la legislación estadounidense, estas condenas pueden acumularse y sumar 30 años o más, o incluso derivar en una pena de por vida si se vinculan al narcotráfico. Las directrices federales establecen que, en este tipo de causas, las penas suelen cumplirse de manera consecutiva y sin posibilidad de libertad condicional.

Maduro, acusado de liderar el denominado Cartel de los Soles, comparece ante un juez federal.

Maduro, acusado de liderar el denominado Cartel de los Soles, comparece ante un juez federal.

Los antecedentes que marcan el posible destino judicial de Maduro

El tribunal que juzgará a Maduro tiene antecedentes contundentes. Allí fueron condenados el dictador panameño Manuel Noriega, sentenciado a 40 años; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en 2024; y Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien recibió cadena perpetua en 2019.

En ese mismo fuero, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable para evitar un juicio que podía terminar en una condena de por vida. En todos los casos, la Justicia estadounidense aplicó penas máximas al considerar que se trataba de organizaciones criminales de alcance internacional.

Al anunciar el proceso, Pam Bondi fue categórica y aseguró que Maduro y Flores “enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense”. También recordó que Washington ofrecía una recompensa de u$s50 millones por el líder venezolano, señalado como jefe del denominado Cartel de los Soles. El Departamento de Justicia indicó que la acusación fue publicada mientras ambos ya se encontraban bajo custodia estadounidense.

Si los cargos principales son probados y las penas se acumulan, Nicolás Maduro podría recibir una condena superior a los 40 o 50 años de prisión, lo que en términos prácticos equivaldría a una cadena perpetua.

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