El bloque Elijo Catamarca firmó el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 de Milei
Los diputados nacionales del bloque Elijo Catamarca sumaron su acompañamiento a la ley de leyes, pero planteando objeciones a dos leyes: la derogación del financiamiento a Discapacidad y las universidades.

El Gobierno de Javier Milei logró imponer ayer su dictamen del Presupuesto 2026, que quedó en condiciones de ser tratado hoy en el recinto de la Cámara de Diputados, en una sesión ya convocada por el oficialismo.
La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario con el acompañamiento -en disidencia- del interbloque Pro-UCR y de gobernadores aliados.
Entre los firmantes está el bloque Elijo Catamarca, que conduce Sebastián Nóblega e integran Fernando Monguillot y Fernanda Ávila, quienes no compartieron que se incluya un artículo que deroga las leyes de Emergencia en Discapacidad y de refuerzo al presupuesto universitario.
Desde ese bloque explicaron que hubo una disidencia parcial al dictamen de mayoría del Presupuesto Nacional 2026, a través de un documento firmado por Nóblega, en el que se también se reclama fondos para jubilaciones y la obra pública.
Desde el trío que compone el bloque provincialista indicaron que tienen objeciones a la derogación de la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad, el financiamiento para las universidades nacionales, los fondos para el Garrahan, la eliminación de la Ley de Educación Técnica.
La sesión, que se prevé maratónica, arrancará con la discusión del Presupuesto 2026. La Comisión de Presupuesto despachó tres dictámenes: uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria.
El texto oficial, que reunió 28 firmas y seis disidencias, incorporó a último momento un cambio sustancial: sumó el artículo 75, que dispone la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Se trata de leyes, cuyo cumplimiento la oposición -incluidos aliados del Gobierno- venía reclamando.
Ambas normas, junto con la Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, habían sido “suspendidas” por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación, es decir, no las aplicó. Esa decisión generó un amplio rechazo parlamentario y fue calificada como inconstitucional por distintos bloques que habían votado e insistido en esas leyes con mayorías agravadas.
La disidencia de PRO, en tanto, incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires.
Ayer, a última hora, después de mucho batallar, se llevó la promesa de que le girarán los fondos por coparticipación pactados en la Corte Suprema. No obstante, el artículo ad hoc que el Ministerio de Economía accedió a incluir en el proyecto refleja eso: solo una promesa. No se garantiza un monto en el texto, sino la facultad al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para cumplir con el pago del 2,95% de la coparticipación a la ciudad que ordenó el máximo tribunal.
En tanto, el dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien detalló una propuesta alternativa centrada en garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.
Además, propone recuperar el Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas. Incluye partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la restitución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, una mayor participación de las provincias en el impuesto a los combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el Enard.