Garrahan y universidades, la agenda prioritaria con la que la oposición en Diputados presiona al Gobierno
Existen mayorías para apoyar la declaración de emergencia de la salud pediátrica y la ley de financiamiento universitario. El Ejecutivo busca recuperar aliados.
Para oponerse al emplazamiento, La Libertad Avanza sólo tuvo a su lado al PRO. Las votaciones fueron 164 – 66 a favor del debate de la salud pediátrica y 161 – 68 en el caso de financiamiento universitario. Con estas cifras, que incluyen un radicalismo fragmentado y apoyos imprevistos (desde San Juan, Córdoba y Salta), la oposición incluso puede esperanzarse en revertir un veto presidencial. Aún así, el oficialismo evitó la aprobación sobre tablas -que precisan dos tercios de los votos- y sostiene fidelidades de las gobernaciones de Chubut, Tucumán (en estos dos casos se ausentaron), Entre Ríos, Río Negro y Mendoza. También desde el radicalismo cordobés, ¿son insinuaciones de potenciales alianzas en el próximo desafío electoral?
Los proyectos
La ley de financiamiento universitario se tratará en un plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto. Su redacción, presentada por rectores y la comunidad docente, pide la reapertura de paritarias (que no se convocan desde octubre), fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
La entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) planteó que el financiamiento universitario, comparado con el 2023, cayó un 45,3% en términos reales. “Milei está incumpliendo la Ley 24.521 de Educación Superior, que expresa que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales», señaló. A ella se le sumó la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre), otra de las promotoras del proyecto, que apuntó que los «docentes que han perdido más del 80% de su poder adquisitivo en términos reales»: «No se trata de estar o no de acuerdo con este Gobierno. Se trata de preservar el derecho a estudiar».
En tanto que la declaración de la Emergencia de Salud Pediátrica busca garantizar -hasta diciembre del 2027- los recursos presupuestarios «para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país». A su vez, establece la «recomposición inmediata de los salarios del personal».
Antes de la sesión del miércoles, el Gobierno cambios para el régimen de residencias, entre ellos una concepción del carácter formativo y de beca de las residencias médicas, y deja por fuera la definición de una relación laboral. Un día después de conocerse el decreto, residentes del Hospital Garrahan se movilizaron a Plaza de Mayo entendiendo que la reforma provoca la desviación de los aportes al sueldo durante 4 años o más, eliminando garantías del trabajo en relación de dependencia como los aportes jubilatorios o el aguinaldo.
