Entraron los pliegos de Miranda y ocho cargos para su tratamiento en el Senado

 

En la sesión de ayer formalmente tomaron estado parlamentario los pliegos de Juan Cruz Miranda como propuesta para ser vocal de Tribunal de Cuentas, elección que ya había adelantado el Gobierno de la Provincia semanas atrás con la reorganización del Gabinete. Además, el Ejecutivo envió para el análisis de los senadores otros ocho pliegos para cubrir cargos en el Poder Judicial: uno de ellos es para designar al titular de uno de los juzgados salpicados por la denuncia del fiscal Hugo Costilla, conocida como la de «la banda de los usurpadores».

Miranda, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, es contador público y fue propuesto para ocupar la vacante que dejará en el Tribunal de Cuentas el contador Víctor Villarroel, quien ya presentó su renuncia a partir del 31 de julio para acceder a la jubilación.

Por otra parte, entre los ocho pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo están los de Cecilia del Carmen Delgado, propuesta como Fiscal Civil; María Eugenia González, propuesta como Defensora General de Tinogasta; Aldo Sebastián Vergara Duveaux, propuesto como Defensor General para Belén y Antofagasta de la Sierra; Fernando Luis Adet Caldelari, propuesto como Fiscal Civil; Jorge Darío Palacios, propuesto como Fiscal nº3; María Soledad Uriburu Castillo, propuesta Defensora Oficial Civil; Karina Ivone Naame, propuesta como Jueza Civil, Comercial y Familia; y Franco Daniel Quarín, propuesto como Juez Comercial y de Ejecución nº1.

La banda de los usurpadores

Entre los pliegos se destaca el último. El Juzgado Comercial y de Ejecución nº1 actualmente tiene a una jueza en comisión, Claudia Villalba, quien fue la encargada de llevar adelante el proceso de la quiebra de RT Inversiones, como caso más resonante. Sin embargo, ese juzgado tomó mayor notoriedad a fines de marzo de este año, cuando el fiscal Hugo Costilla presentó la denuncia por las estafas procesales que se conoció como la causa de «la banda de los usurpadores».

Según Costilla, un grupo de personas encabezado por Mario Rodrigo Del Campo se aprovechaba de distintas maniobras para ejecutar pagarés y apropiarse de vehículos e inmuebles, y todo esto habría sido posible gracias a la información privilegiada que proporcionaban empleados públicos de distintos organismos: el Juzgado Comercial y de Ejecución nº1 era uno de ellos, y la causa salpicó al jefe de Despacho y un auxiliar. El resto eran del Juzgado Comercial nº2, a cargo de María Virginia Cano. Todos prestaron declaración y mantuvieron la libertad.

Sin embargo, cinco miembros de la banda recibieron la prisión preventiva. En varias oportunidades, los abogados de los imputados solicitaron al fiscal Costilla que convoque a declarar a las juezas Villalba y Cano, ya que entienden que la maniobra no podría realizarse sin que hubiera una sentencia. Ninguna fue convocada por el fiscal.

Quarín actualmente es el secretario del Juzgado nº1 para el que se lo propone como juez titular.

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