Judicializaron el cobro del uso del espacio aéreo por parte de la EC SAPEM
El diputado Alfredo Marchioli y el concejal Fernando Navarro (UCR) realizaron la presentación en contra de la tasa que está incluida dentro de la factura de la empresa de energía.
El diputado provincial Alfredo Marchioli, junto al concejal capitalino Fernando Navarro, (UCR), presentaron una acción de amparo ante la Justicia contra la empresa de energía EC Sapem por el cobro de la ocupación del espacio aéreo en las boletas del servicio eléctrico. Los dirigentes esperan que la Justica frene el cobro de esta tasa a la que consideraron “indebida e ilegal”.
Finalmente, indicó que la presentación «no plantea que la tasa desaparezca, sino que se la cobre a quien se la debe cobrar».
Planteo judicial a otro Decreto Acuerdo
El diputado provincial, Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), presentó una acción de amparo en contra del decreto 711/25 del Ejecutivo Provincial, que modificó el “estatuto para el personal civil de la administración pública». El diputado justificó su pedido advirtiendo que el instrumento cuestionado establece «un régimen sancionador más gravoso que el que ya estaba en la ley con faltas absurdas traídas de un sistema autoritario que no respeta los derechos del trabajador, careciendo de toda estabilidad y ejecutividad».
En este sentido, solicitó su suspensión entendiendo que es inconstitucional ya que modifica normativas vinculadas a derechos humanos y del trabajo que, de acuerdo a la Carta Maga nacional, solo pueden ser alteradas por una ley emitida por el Poder Legislativo.
«El amparo es para frenar este decreto que es totalmente ilegal y que debe ser rechazado de plano en la Justicia», dijo Ávila luego de realizar el planteo. En la presentación, manifestó que con esta acción «se pretende proteger los derechos y garantías previstos en nuestra Ley Fundamental que han sido violados, y que de manera reiterada y sistemática continúan siéndolo hasta el mismo día en que se interpone esta demanda».
El diputado señaló a Jalil como el principal responsable de querer llevar «un feroz disciplinamiento de los trabajadores estatales provinciales que están bajo contrato o planta permanente, modifica el estatuto del empleado público provincial y no lo puede hacer por decreto, lo tiene que hacer a través de una Ley».
