Un complejo entramado de estafas procesales salió a la luz tras casi una década

Una vez que iniciaban la demanda, Del Campo se mensajeaba con los empleados de los juzgados y éstos le daban información privilegiada sobre los pormenores del expediente. Allí entran en juego Collantes, Vega, Aybar, Agulles y Espinoza, quienes, a criterio del fiscal, estaban encargados de «prestar el nombre para ostentar la calidad de actor en la ejecución judicial» a cambio de un retorno económico.

Todo se orquestaba por mensajería de WhatsApp. Allí, los empleados judiciales compartían fotos de constancias y/o presentaciones de los expedientes que les resultaban de interés y luego se encargaban de otorgarle trámite preferencial «e incluso se involucraban en forma personal en su agilización, en el asesoramiento técnico y jurídico». Todo a cambio de dinero, que se transfería desde dos cuentas de Mercado Pago que administraban los cajeros. Uno de los empleados incluso recriminó que le pagaban menos de lo que había acordado.

Cuando tenían la información era el turno de la ujier Violeta del Valle Luna. Costilla precisó que ella era clave para garantizar el cobro de los pagarés sin ningún tipo de impugnación del demandado. Lo hacía con instrumentos falsos, en los que precisaba que el supuesto deudor había sido notificado de las actuaciones pero esto no ocurría. Según se detalló, se pagaban $3.000 o $5.000 según el caso. Esto garantizaba que el «deudor» se enterara del trámite de ejecución cuando le secuestraban el auto. Para esto era necesaria la participación del oficial Denis Nieva Chaile, a quien Costilla apuntó como el encargado de seguir los vehículos. El fiscal también involucró a la martillera Andrea Betiana Solohaga y remarcó que junto a Luna están imputadas por depositaria infiel desde 2023.

Otra pata de esta banda la aportaba un empleado del Banco Nación, Javier Figueroa, quien igualmente intercambiaba mensajes con Rodrigo Del Campo, lo que para el fiscal también atenta contra el «secreto de confidencialidad y el secreto bancario». Figueroa y Del Campo comenzaron a escribirse en 2021 y se cruzaban números de cuentas para obtener resúmenes de saldos de cuentas de interés.

Maniobra inmobiliaria

El otro rubro de este emprendimiento estaba vinculado a la usurpación de inmuebles. Costilla los acusa en base a dos denuncias de usurpación de inmuebles de la Capital. En una de ellas, una persona denunció a Del Campo por haberle ofrecido $50.000 a cambio de que consiguiera las firmas de sus siete hermanos para «formalizar la cesión de derechos posesorios sobre el inmueble». Como este vecino se negó, una semana después se presentó Gastón Darío Agulles, pero haciéndose llamar Ezequiel Rodríguez, con una supuesta cesión de acciones y derechos posesorios a su favor realizada por Rafael Omar Varela y pasada ante el escribano público Nicolás Ramírez Toledo.

En este rubro Costilla involucró a Pablo Soraire, un empleado de la Unidad Judicial N°8 de la Policía Judicial, acusado de simular denuncias; a Luis Ricardo Bulacios, del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, acusado de filtrar información del sistema del Registro, dando acceso a la información relativa a la titularidad de ciertos dominios catastrales de interés.

El Juzgado Comercial nº1, con Claudia Villalba como jueza en comisión, tiene la quiebra de RT Inversiones. El nº2, a cargo de María Virginia Cano, tramita la quiebra de Edgar Bacchiani.