Diputados: convocan a Patricia Bullrich al Congreso para que dé precisiones sobre el operativo policial
Miembros del bloque de Unión por la Patria enumeraron interrogantes hacia la ministra, vinculadas a las imágenes que circulan en redes sociales.
Patricia Bullrich defendió el operativo represivo en el Congreso
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió este miércoles el operativo represivo llevado adelante por las fuerzas policiales en las inmediaciones del Congreso nacional en el marco de una nueva marcha de jubilados de la que también participaron hinchas de fútbol. «Las fuerzas de seguridad estuvieron a la altura de las circunstancias», dijo y anunció que harán una denuncia conjunta junto al Gobierno de la Ciudad contra los manifestantes por daños.
La funcionaria destacó el despliegue policial, aseguró que «no se distrajeron un minuto del operativo» y agregó que trabajaron con las «cuatro fuerzas federales y con el servicio penitenciario para ayudarnos con las detenciones». «Teníamos una cantidad de efectivos muy importante pero trajeron un nivel de barras bravas, de lúmpenes, de gente dispuesta a cualquier cosa. Seguramente muchos de ellos tengan antecedentes penales», lanzó.
En ese sentido, adelantó que aplicarán derecho de admisión en todas las canchas del país y le pidió a los clubes que echen a todos los socios que hayan participado de esta marcha y estén identificados. «Si hay a algún dirigente tienen que echar a ese club de la Asociación de Fútbol Argentino», retrucó.
Gobierno cruzó a la jueza que ordenó la liberación de detenidos
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de las 114 personas detenidas por las fuerzas de seguridad. Ante esto, desde el gobierno de Javier Milei cuestionaron fuertemente la medida. El vocero presidencia, Manuel Adorni, afirmó que «la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina».
En el texto oficial, la letrada dio cuenta de numerosos casos de detenciones en los que «no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados». En conclusión, la jueza definió que las aprehensiones «afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión».
Sin embargo, tras darse a conocer la medida, el Gobierno arremetió contra la jueza Andrade e informó que iniciará una investigación oficial para denunciarla ante el Conejo de la Magistratura de CABA por «posible incumplimiento de sus funciones».
En esta línea, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó: «No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad».
