Con la mira en el 2023, el FT presentó proyecto para una reforma total de la Constitución

El oficialismo dio ayer un nuevo impulso a la reforma de la Constitución provincial. Sucede que el bloque del Frente de Todos presentó ayer en Diputados una nueva iniciativa para modificar la Carta Magna, aunque con dos particularidades. Por una parte, el proyecto habla de una reforma total de la Constitución, diferenciándose así con la iniciativa que se presentó durante la gestión de Lucía Corpacci y la que elevó la presidenta de  la cámara baja, Cecilia Guerrero (ambas apuntaron a una modificación parcial). Por otra parte, contempla que la elección de los convencionales constituyentes sea junto a los comicios generales del año que viene.

“Con la voluntad que existe actualmente por parte del Poder Ejecutivo a cargo del gobernador Raúl Jalil, y compartiendo en un todo las razones que motivan la voluntad reformadora del plexo constitucional local, es que presentamos este nuevo proyecto de ley, mediante el cual se propone declarar la necesidad y conveniencia de la reforma total de la Constitución de la Provincia”, dice la iniciativa que tomó estado parlamentario ayer.

A lo largo de la fundamentación, el proyecto va sugiriendo algunos puntos a ser tenidos en cuenta para la reforma. Para el caso, que se “reconozca por estricto derecho la preexistencia de los pueblos originarios, la preservación de la identidad cultural de sus comunidades y el derecho a la propiedad colectiva de la tierra”. El oficialismo también habla de eliminar los “privilegios de la clase política a partir del redimensionamiento del concepto de las inmunidades parlamentarias” y, a la vez, “extender el funcionamiento del Poder Legislativo a todos los meses de cada año”. En otras palabras, que dejen de sesionar solo seis meses al año.

Deslizando críticas a la oposición, el Frente de Todos remarca que la Constitución debe otorgar “verdadera certeza electoral a todas las agrupaciones políticas, cualquiera que fuese el partido gobernante, y que permita despojar a las convocatorias electorales, de cualquier tipo de especulación política-partidaria. Esto, para que aquellos que dicen defender la República, que ‘suplican’ certeza electoral, aquellos que reclaman a gritos que tratemos la reforma de nuestra Constitución Provincial, se responsabilicen y cumplan con su deber de debatir y de trabajar por las y los catamarqueños”.

En otro tramo, apunta a la necesidad de contar con una Carta Magna “que aleje los poderes del Estado y a quienes los componen, de la tentación de perpetuación indefinida en los cargos”. También apuntan a la transformación del Poder Judicial aplicando “nuevos criterios vinculados con la renovación periódica de sus aptitudes y saberes jurídicos a través de concursos públicos de antecedentes y oposición, no solo para el ingreso a la función judicial, sino también para continuar desempeñando altas funciones”.

“No resulta aceptable de ningún modo que la inamovilidad de los magistrados pueda ser equiparada a ejercicio vitalicio de los cargos judiciales, porque ello resulta lesivo del principio de periodicidad de los mandatos”, sostienen las y los oficialistas. Además, sobre el Poder Judicial, contemplan que “el procedimiento de selección de los postulantes a ocupar cargos, ya sea como magistrados o funcionarios, es otra cuestión que debe debatirse y resolverse en el nuevo diseño institucional”.
Por otra parte apuntan a los municipios pequeños, ya que “solo cuentan con la figura del Intendente Municipal, en el cual se encuentra subsumida la función legislativa”. “La necesaria modernización del sistema de gobierno municipal impone garantizar para todos los municipios una organización que garantice efectivamente la separación de funciones y prevenga la concentración del poder”, indican en este sentido.

En tanto, indican que es anacrónica y discriminatoria “la actual norma constitucional que establece la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, porque conculca los derechos de las personas que pertenecen a otros credos religiosos diferentes al católico y lesiona también los derechos de los no creyentes”.

La cuestión electoral
Así las cosas, en el articulado, se propone que la Convención Constituyente esté compuesta por 57 miembros titulares y 22 suplentes. A la vez, que las bancas estén distribuidas por el sistema proporcional D’Hont, entre los distintos partidos políticos o alianzas electorales que cuenten con el piso del 3% de votos y cuyas listas cumplimenten con la paridad de género. Además, sugiere que la Convención Constituyente inicie sus sesiones del 15 de enero al 10 de abril del 2024. Incluso faculta “al Poder Ejecutivo a convocar para la elección de Convencionales Constituyentes junto con las elecciones generales previstas para la elección de Gobernador, Vicegobernador, Senadores y Diputados provinciales en el año 2023”.